La Inspección de Trabajo investiga la legalidad del expediente de extinción de empleo (ERE) por el que la empresa Logiplus Worldwide –la filial de Grupo Riesgo, dueño de Alu Ibérica, que últimamente se dedicaba a limpiar las instalaciones fabriles de Avilés y La Coruña– despidió a catorce personas, entre las dos fábricas, este pasado día 18 de septiembre. Y es que la presentación del documento se hizo “sin memoria económica, en unos documentos sin cuño: todo mal”, señaló uno de los trabajadores de la compañía en la planta avilesina. “El día 18 se nos acabaron las vacaciones y el día 21 ya nos apuntamos en las listas del paro: algo tendremos que cobrar mientras se resuelven todas las críticas que la inspectora de Trabajo puso al proceso: que fueron todas las posibles”, continuó el mismo extrabajador. La representante legal de Logiplus –y, por tanto, de Alu Ibérica– en la reunión que se celebró a través de una videoconferencia, según esta misma fuente, “se comprometió a arreglar todo esto lo antes posible, pero, bah, es otra maniobra más para seguir alargando esta agonía”, se lamentó.
“Salimos de la reunión con la sensación de que el ERE se lo van a tirar abajo”, afirmó, sin embargo, la delegada sindical de las limpiadoras de la fábrica de aluminio de La Coruña. Los trabajadores –siete en Galicia y otros tantos en Avilés, en su mayoría mujeres– han tenido problemas hasta para cobrar el paro, ya que al llegar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para solicitar su prestación en septiembre se encontraron con que Logiplus no había pagado las cotizaciones que correspondían. Esto dio lugar a que la Seguridad Social generara una alerta sobre esta empresa. Por eso, para los representantes sindicales “no es una sorpresa” que Logiplus vaciara las cuentas de Alu Ibérica mediante la compra de bitcoins, como destapó esta semana “El Periódico de España”, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA. “Sabíamos que mientras no nos pagaban estaban desviando el dinero”, aseguró la representante de la plantilla de limpieza, que considera que “no se sostiene” el argumento de que no pueden pagar por Alu Ibérica no les paga a ellos.
