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Tres años con el aluminio en el alambre

La multinacional Alcoa encendió el conflicto económico y social con el anuncio del despido de sus trabajadores, que ahora están pendientes de un concurso de acreedores

Aspecto de la plaza de España de Avilés el día de la gran manifestación del 8 de noviembre de 2018. | Miki López

Tres años con la crisis del aluminio a cuestas: desde el anuncio de Alcoa de un despido colectivo por incapacidad para seguir produciendo (octubre de 2018) en Avilés y La Coruña a la actual parada absoluta de las plantas y la consecuente puesta en marcha de un concurso de acreedores después de que su actual propietario (Grupo Riesgo) ordenase dejar de producir de manera absoluta (desde, al menos, el pasado 8 de julio). Y, entre medias, una colección de subterfugios fiscalizados por la Policía Nacional y la Audiencia Nacional para vaciar las cuentas de las plantas, dejarlas a cero y a sus trabajadores haciendo cola en la puerta de las oficinas del paro. Y todo esto bajo la atenta mirada del Ministerio de Industria (con las convocatorias electorales como principal problema a solucionar) y con “la lealtad institucional” del Principado que terminó admitiendo que la mejor opción de venta de las fábricas “era la peor de todas”, según los sindicatos.

Despido masivo. La multinacional Alcoa lanza la bomba el 17 de octubre de 2018. Tiene que despedir a sus trabajadores (entonces 686) porque “las plantas adolecen de problemas estructurales intrínsecos: una menor capacidad de producción, una tecnología antigua y menos eficiente y unos costes fijos elevados que hacen que no sean competitivas”. A esto añadieron el precio de la materias primas (muy bajo entonces; hoy, por las nubes) y el incremento insospechado del precio de la energía (si entonces estaba por las nubes, ahora mismo anda por Júpiter).

Las opciones. En aquel primer comunicado, la multinacional ofreció un despido ventajoso. Lo defendieron con estas palabras: “La compañía es consciente del enorme impacto de este anuncio en sus empleados, familias y en las comunidades en las que se ubican estas plantas. Precisamente, y con objeto de paliar las repercusiones de este anuncio en los empleados afectados, Alcoa se compromete a ofrecer un plan social para alcanzar el mejor acuerdo posible para ambas partes, la compañía y los trabajadores”. Los sindicatos se oponen: comienza a oírse el grito “Alcoa no se cierra”.

Agentes de la Policía Nacional en las instalaciones de Alu Ibérica, el 4 de marzo.

Agentes de la Policía Nacional en las instalaciones de Alu Ibérica, el 4 de marzo.

El apoyo de la comarca. ​Más de 50.000 personas llenaron las calles de Avilés para apoyar a los trabajadores en lo que entonces se suponía el precipicio mayor que tenían que dejar atrás (nadie suponía el devenir posterior: la venta a Parter, la reventa a Riesgo, la intervención de las fábricas por parte de la Audiencia Nacional, la parada absoluta de las instalaciones). No acudieron a la manifestación ni la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; ni los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Asturias, (entonces Javier Fernández), ni tampoco los alcaldes de La Coruña (entonces Julio Ferreiro), y Avilés, Mariví Monteserín. Todos estaban reunidos con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Durante más de dos horas y media discutieron cómo poner en marcha ayudas que evitasen que el coste de la luz provocase la huida de multinacionales como Alcoa. Todavía no han encontrado la fórmula: Asturiana de Zinc anunció que recortará la producción en las hora punta y en Sidenor, en el País Vasco, están viendo las orejas al lobo y de su aullido ya ha alertado el portavoz del PNV.

Rüdiger Terhost y Marc Pereira se estrechan la mano en julio de 2019.

Rüdiger Terhost y Marc Pereira se estrechan la mano en julio de 2019.

Acuerdo de venta. El 15 de enero de 2019 la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) alcanzó un preacuerdo de madrugada que, entre otras cuestiones, pasaba porque el Gobierno de España adquiriera el compromiso de mantener el empleo en caso de que no existiera un inversor para las plantas a 30 de junio de ese año (a esto se empezó a llamar ya por entonces Estatuto de los Consumidores Electrointensivos). Alcoa, por su parte, se comprometió a dotar una cantidad de 20 millones de dólares para cada planta para la mejora de las instalaciones de las series de electrólisis para garantizar su posible rearranque. O sea, la multinacional decide buscar un comprador (recalcó que esa competencia era sólo suya) y si no lo hallaba, los trabajadores tenían que asumir el paro.

El “casting”. Alcoa empieza a dejarse querer y entre enero y junio comienza a recibir ofertas para la adquisición de sus fábricas. La multinacional, ahora que ha recurrido al Supremo una sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a retrotraer el proceso al día 15 de enero de 2019 (vendo y, si no, los trabajadores pueden adscribirse al plan social), dice que “el Gobierno participa de manera conjunta con las comunidades autónomas, empresas y agentes sociales en la identificación de inversores y alternativas industriales viables para la venta las plantas de Coruña y Avilés”. Y concluye que sólo podía vender a Parter, que no es cierto que hubiera recibido oferta alguna diferente.

Un box de la planta de San Balandrán vacío, esta pasada primavera.

Un box de la planta de San Balandrán vacío, esta pasada primavera.

La operación. Según se trasluce de la instrucción del caso de descapitalización fraudulenta de las fábricas, la multinacional permitió que Parter Capital Group se hiciera con el control de las fábricas de aluminio que había puesto a la venta porque la multinacional se convirtió en avalista de la operación sometida ahora al escrutinio judicial. Es decir, el fondo suizo capitaneado por Rüdiger Terhost pudo comprar las fábricas de aluminio porque logró que Alcoa facilitara que los financieros helvéticos consiguieran el dinero que ella misma, la multinacional norteamericana, estaba reclamando. Ese dinero es, además, el que los suizos reclamaron a Grupo Riesgo –los recompradores– el 8 de abril de 2020. Se da la circunstancia de que los hombres de David Domenech (que también responde como Víctor Rubén) admitieron que el pago reclamado lo llevaron a cabo por medio de una “asistencia financiera” (coger dinero de la caja de la empresa que acaba de comprar).

La investigación. Todos los sindicatos iniciaron sendos procesos (uno terminó en sentencia) y el otro (el penal) está en instrucción. Los sindicatos dicen que judicializaron su lucha ante “los constantes engaños” de los gobernantes desde el principio de todo: hace tres años.

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