La gran industria europea alzó ayer la voz para exigir a la UE que dé un paso adelante y adopte medidas inmediatas para “hacer frente a una crisis energética sin precedentes”, que está amenazando a la recuperación económica. Así lo señalan, a través de un comunicado, al unísono las mayores patronales comunitarias de diversos sectores industriales entre las que se encuentra Eurofer –asociación de las compañías del metal a la que pertenece ArcelorMittal– y que critican que su factura energética se ha multiplicado por “cuatro o por cinco” durante el último año.
Bruselas ya dio hace una semana unas líneas maestras de por dónde pueden tirar los socios del club europeo –de la UE– para rebajar la factura de la luz de su industria y de los hogares. Sin embargo, la gran industria espera que el Consejo Europeo que se reúne hoy dé un paso más en su afán por controlar los precios energéticos. Que están desbocados. Por ejemplo, le exigen una mayor presión “comercial y diplomática” sobre los principales proveedores de gas para tratar de rebajar los precios de este combustible.
La que también se pronunció sobre este mismo asunto fue la ministra de Industria, Reyes Maroto, que aseguró que “todas las políticas que está desarrollando el Gobierno, incluida la energética, están ayudando a la industria. Lo dijo durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en la que intentó meter en dedo en el ojo al PP al que acusó de haber “subido el precio de la electricidad, elevar los impuestos y crear nuevas figuras impositivas para gravar a la energía” mientras gobernó.
Maroto defendió con vehemencia que su Gobierno está dando pasos decisivos para aliviar la factura de los consumidores. Enumeró la bajada del IVA del 21 al 10% –medida inocua para la industria–; la suspensión del impuesto al valor de la producción eléctrica y la prácticamente desaparición del Impuesto Especial de la Electricidad. Más específicamente para el ámbito industrial aseguró que “se han dado nuevos ingresos a la industria electrointensiva para compensar los costes que tiene por el CO2, cuyos derechos de emisión también se han disparado en el mercado”. La ministra se refería a que en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado está incluida una partida de 179 millones con ese mismo objetivo. No obstante, esa cifra está por debajo de los 240 millones que le permite gastar la Unión Europea.
La refriega política en el Congreso a cuenta de la industria no se quedó ahí. El PP le exigió a Maroto más medidas ante las paradas de actividad que se están produciendo por los altos precios de la electricidad en algunas plantas españolas. La ministra replicó que, si están tan “preocupados por la industria, apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que va a contar con la mayor partida presupuestaria que ha habido para la política industrial española, más de 4.831 millones”.
Sin embargo, mientras las ayudas llegan, la gran industria va ajustando su producción para intentar sortear las horas en las que el kilovatio está más caro. “Los precios del gas y la electricidad han aumentado exponencialmente en las últimas semanas y meses, registrando incrementos que son 4 o 5 veces superiores a los que había el año pasado”, sostienen las asociaciones industriales en su comunicado. El escrito está firmado, además de por la citada Eurofer, por Cembuerau, patronal europea de los fabricantes de cemento; CerameUnie, de la cerámica; European Aluminium, del aluminio, European Lime Asociation, de la cal; Euro Alliages, de fabricantes de productos de hierro; European Association of Metals, otra ligada con la metalurgia; Euromines, de la minería; EXCA, de la arcilla; Fertilizers Europea, de los fertilizantes; y la Glass Alliance Europe, de las compañías ligadas con la cristalería. Todos en conjunto exigieron no solo medidas inmediatas, también otras acciones “estructurales que aseguren un suministro de energía asequible y bajo en emisiones de carbono” con el que cumplir con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea.
Estas patronales aseguran, también, que las “empresas de uso intensivo de energía son las que están más expuestas a los actuales picos de precios”. Y añaden que muchas industrias se han visto “obligadas a reaccionar reduciendo o cerrando temporalmente plantas”. El problema, aventuran, es que por el calendario no asoma, a corto plazo, una solución al problema. “Los altos precios también se están reflejando en los mercados de futuros del primer semestre de 2022. Esta tendencia representa una gran amenaza para la recuperación posterior a la pandemia”, inciden.
Es más, con este escenario auguran se hace más complicado realizar las inversiones necesarias para hacer frente a la descarbonización de sus plantas, tal y como les exige la propia UE. Juzgan que el mercado del gas presenta grandes desequilibrios por lo que entienden que Bruselas debería usar toda “su presión comercial y diplomática sobre los principales proveedores gasísticos”. Es una de las soluciones que ponen sobre la mesa. La otra es la de permitir que los estados europeos puedan tener más flexibilidad para reaccionar de manera más efectiva “durante los periodos de tensión en el mercado energético”. Y agregan: “También es necesario establecer un mecanismo de seguimiento estrecho de los mercados de gas y electricidad”.
