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Las obras que hará el Ayuntamiento son insuficientes, protestan en Los Balagares

Los residentes sopesan recurrir la sentencia que condena al Consistorio a finalizar parte de la urbanización: “Se queda muy corta”

La urbanización corverana de Los Balagares. | Mara Villamuza

La sentencia que condena al Ayuntamiento de Corvera a finalizar parte de las obras pendientes de la urbanización de Los Balagares satisface pero no colma las expectativas de los residentes, que sopesan recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias porque a su modo de ver “se queda muy corta”. La comunidad de propietarios ha abierto un proceso para votar a favor o en contra del recurso de apelación a la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, que da la razón, pero solo en parte, al vecindario.

En el fondo de la cuestión está que la comunidad de propietarios solicitó una aclaración sobre las obras concretas que tendrá que ejecutar el Consistorio según esa sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 de Oviedo, y que consisten básicamente en la ejecución de viales y aceras, así como otras conexiones del plan parcial no realizadas que corresponden a la tercera fase. El juzgado declara la obligación del Ayuntamiento de ejecutar las obras de urbanización pendientes, pero excluye de esa obligación las recogidas en el proyecto de finalización que presentó la Sareb (propietaria ahora del 54%, según las fuentes consultadas).

“El Ayuntamiento solo va a solucionar los problemas de saneamiento, hará la acera de la calle Alfonso II y un aparcamiento”, protesta Carlos Rodríguez Muiños, de la comisión de obras de la comunidad de propietarios, que anima a los mismos a “participar en la votación para que prospere el recurso contra el Ayuntamiento”. También pueden emitir su voto, explica, el propio Consistorio y el conocido como el “banco malo”. “Nos sentimos maniatados, no nos parece normal que puedan votar sobre algo que les afecta a ellos mismos”, protesta Rodríguez Muiños, quien ha recurrido hasta el Defensor del Pueblo “porque con ese 54% de propiedad la Sareb puede hacer lo que quiera”.

Algunas de esas actuaciones pendientes en esa fase dos ya han sido ejecutadas. Este proceso parte de 2018 aunque está relacionado con 2005 ya que, como afirmaron los vecinos, en su momento –con el gobierno de USPC y PP– el Ayuntamiento no exigió el aval a la promotora y permitió desarrollar la urbanización por fases, extremo ratificado por la sentencia que indica que el gobierno de entonces no ofreció una “garantía de coste total de las obras”. Posteriormente, la sociedad entró en concurso y quedaron obras sin ejecutar. Esos terrenos son ahora de la Sareb.

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