La plantilla de Alu Ibérica desconoce cuándo van a cobrar. A la falta de documentación contable desde 2019 se suma la complejidad del proceso, ya que para realizar cualquier operación debe ser con autorización judicial y cada paso tiene un plazo de alegaciones que se debe cumplir. De momento, y para intentar acelerar los plazos, se está conformando la mesa negociadora del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Los aproximadamente doscientos trabajadores de la antigua Alcoa, ahora Alu Ibérica, no han cobrado el mes de septiembre, no cobrarán el de octubre y no se sabe cuándo van a recibir ingresos, según confirmó ayer el presidente del comité de empresa de la planta avilesina, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO).
El empeño de acelerar la tramitación del ERTE propuesto por el administrador concursal como mal menor se ve invalidado por las enormes dificultades para reconstruir la memoria económica que debe acompañar a la solicitud del expediente de regulación laboral. Y este paso es fundamental para realizar la tramitación. “Si no cobrar dos meses es malo, no saber cuándo vas a tener ingresos es terrible, porque a los trabajadores nos siguen llegando las facturas. Estamos intentando acelerar el proceso, pero es muy complejo”, indicó De la Uz.
Si no cobrar dos meses es malo, no saber cuándo vas a tener ingresos es terrible, porque a los trabajadores nos siguen llegando las facturas. Estamos intentando acelerar el proceso, pero es muy complejo”
La situación es tan “desesperada” que el comité de la fábrica avilesina ha convocado una nueva protesta, en esta ocasión el próximo día 8 de noviembre en Oviedo. Comenzará con una concentración a las 18.00 horas ante la Delegación del Gobierno, para luego dirigirse en manifestación hasta el palacio de Presidencia del Principado. “Después de tres años de la venta por parte de Alcoa, nos sentimos engañados, abandonados y traicionados, y exigimos que se nos dé una solución urgente. No se puede prolongar la situación en la que nos encontramos durante más tiempo”, aseveró el presidente del comité, José Manuel de la Uz.
Alcoa está “convencida de que cumplió con todos sus compromisos”
La reunión celebrada ayer en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid con Alcoa para atender la demanda de las plantillas de Avilés y La Coruña y ampliar la cobertura del plan social, se saldó sin acuerdo, tal y como se preveía. Alcoa, que vendió sus plantas en el verano de 2019 al fondo suizo Parter Capital, señaló que “está convencida de que ha actuado cumpliendo todos y cada uno de sus compromisos y conforme a la ley, tanto en relación con los acuerdos con la representación de los trabajadores y el proceso de venta de 2019 como posteriormente a la transacción”. Desde la compañía se remarcó que “el acuerdo firmado con los representantes de los trabajadores de las plantas de Avilés y Coruña el 15 de enero de 2019 no contemplaba a los trabajadores que no estaban afectados por el despido colectivo en dichas plantas (torre de pasta y fundiciones y representantes de los trabajadores) y, en consecuencia, en ningún caso procedería reclamación alguna al respecto de estos últimos colectivos”. Alcoa añade que “la Audiencia Nacional lo confirmó al declarar que afectaría exclusivamente al personal afectado, pese a que los sindicatos habían planteado que debía comprender a toda la plantilla. Este aspecto que la sentencia desestimó no fue recurrido”.
