La reorganización de la plantilla municipal de Castrillón todavía tardará en aplicarse al menos dos años, y en ser efectiva otros dos, según los cálculos del equipo de gobierno, conformado por el tripartito IU-PSOE-Podemos. La alcaldesa, Yasmina Triguero, trasladó ayer a los grupos de la oposición la situación en la que se encuentra el estudio y explicó que las previsiones apuntaban a que el nuevo organigrama esté listo el año que viene, una vez consensuado con todos los actores, para iniciar su tramitación y llevarlo al Pleno para que se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo. También les aseguró que “están garantizados todos los empleos”.
La junta de portavoces celebrada ayer se centró básicamente en la reorganización de la plantilla municipal, una vez que trascendió que se le había entregado un borrador a los jefes de los departamentos, a los que se les ha dado un plazo de 15 días hábiles para que presenten sus alegaciones y propuestas. Esas sugerencias serán analizadas para la elaboración de un nuevo documento que ya se presentará a los grupos de la oposición, los representantes sindicales de los trabajadores y a los funcionarios del Ayuntamiento, para iniciar un proceso conjunto de análisis y debate que se prolongará previsiblemente varios meses.
La empresa que realiza la evaluación elaborará un nuevo organigrama, para luego entrar en las funciones de cada puesto de trabajo y desarrollar una propuesta con la nueva relación de puestos.
El borrador que se entregó a los jefes de departamento es “ de máximos”; es decir, una revolución total de la organización municipal que incluiría la desaparición de los patronatos de Cultura y Deportes. Pero antes de llegar a ese extremo, hay otras posibilidades. Con todo ello se elaborará el documento definitivo.
Los portavoces de PP y Ciudadanos optaron ayer por mantener la prudencia, al entender que el proceso todavía está en sus inicios y desconocer incluso el diagnóstico de la situación de los puestos de trabajo. Lo que sí está claro es que la actual organización responde a una reforma de 2001, demasiado anticuada para los tiempos actuales. Y es, además, demasiado rígida.
Más crítico fue el portavoz de Vox, Alberto García Hevia, quien criticó “el oscurantismo y opacidad con la que está actuando una vez más este gobierno municipal, alargando plazos y ocultando el diagnóstico a quienes nos han elegido los ciudadanos”
