El administrador concursal de Alu Ibérica, Ramón Juega, el abogado y economista gallego que nombró María Tardón, la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, presentó ayer su memoria económica para el ERTE que negocia con el comité de trabajadores. En el documento señala el agujero que han dejado los sucesivos compradores y recompradores de la fábrica (Parter Capital y Grupo Riesgo): 9,3 millones de euros, casi la mitad de ellos a proveedores de servicios (servicio de prevención, electricidad, limpieza, transporte...) Las deudas a las administraciones públicas superan los dos millones de euros y casi medio millón corresponden a las nóminas impagadas. Se da la circunstancia de que las últimas cuentas que la aluminera avilesina legalizó fueron las del ejercicio de 2017-2018, es decir, el último año en que Alcoa estuvo al frente de la planta.
Desde el desembarco de Parter Capital Group y Grupo Riesgo en la fábrica (años 2019), las cuentas ni se formularon, ni presentaron, ni auditaron. Ramón Juega resumió a los representantes de sus trabajadores que lleva desde el 9 de agosto (cuando aceptó el nombramiento de gestor judicial) pidiendo infructuosamente libros, facturas, contratos, escrituras, extractos bancarios.
Los trabajadores de Alu Ibérica de Avilés no han cobrado su nómina de octubre y, dada la situación encontrada por el administrador judicial de la compañía, tampoco van a cobrar en noviembre.
Los trabajadores de Alu Ibérica de Avilés no han cobrado su nómina de octubre y, dada la situación encontrada por el administrador judicial de la compañía, tampoco van a cobrar en noviembre. Así, sin ninguna arma, se presentaron los representantes de los trabajadores en la primera reunión del expediente de regulación de empleo (ERTE), la que se celebró ayer tarde en las instalaciones fabriles de la orilla derecha de la ría.
La conclusión a la que se llegó tras el encuentro negociador la verbalizó el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), con un lamento: “Tenemos que aceptar el ERTE porque es el único modo que tenemos para poder cobrar algo”, subrayó. Y, además, tienen que hacerlo con rapidez para poder cobrar ese “algo” como mínimo el próximo 10 de diciembre, porque el Servicio de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) paga los subsidios los días 10 de cada mes.
La reunión de ayer tarde sirvió para adelantar la negociación: “El período de consultas va a terminar con nuestro acuerdo, pero no porque aceptemos que haya problemas de explotación o de distribución; lo vamos a aceptar porque hemos sido víctimas de una supuesta administración fraudulenta que ha dejado a la fábrica insolvente”, señaló el presidente del comité de empresa.
Las cifras gruesas del ERTE que presentó el gerente judicial de Alu Ibérica de Avilés describen una regulación temporal de toda la plantilla durante, al menos, seis meses.
Las cifras gruesas del ERTE que presentó el gerente judicial de Alu Ibérica de Avilés describen una regulación temporal de toda la plantilla durante, al menos, seis meses. Quedarán fuera del expediente un trabajador de mantenimiento, otro de fundición y un tercero, de logística. El resto, hasta llegar a 10, serán de las oficinas. Precisamente, la reunión se alargó ayer en este punto: en señalar quién se queda fuera de la regulación y en qué condiciones (actualmente, todos están con un permiso retribuido, pero nadie ha pagado los salarios de este mes de octubre).
El próximo viernes está prevista la segunda cita del período de consultas. “Nuestra intención es cerrar todos los detalles que faltan ese día para poder firmar la regulación. Luego pasará al Principado, pero nos dijeron que iban a darle toda la celeridad posible”, añadió el representante de los trabajadores.
