La fortaleza de la proposición económica que presentó y la adecuada justificación de la misma, según el criterio experto de los componentes de la mesa de contratación encargada de examinar a los candidatos, han convertido a la unión temporal de empresas (UTE) vasco-navarra Erri Berri-Afesa Medio Ambiente en la virtual adjudicataria del contrato mixto de los trabajos de redacción del proyecto y ejecución posterior de la obra de desmantelamiento de las baterías de coque de Avilés, apagadas en diciembre de 2019.
La compañía navarra Erri Berri, que se presentó en UTE al concurso con Afesa, entregó la mejor oferta económica: 2,85 millones de euros, la diferencia entre el coste del proyecto y obra (12,7 millones) y lo que se obtendrá por la enajenación de materiales y residuos (9,84 millones). La oferta de su principal competidora, la UTE Lezama-Los Álamos, dobló la suya: 6,14 millones (su sobre incluía 13,29 millones por el proyecto y obra y 7,15 por la venta de los materiales).
La sorprendente rebaja de 4 millones que hizo Erri Berri la obligó a razonar la misma para descartar el riesgo de un posible baja temeraria. Así lo hizo, y los miembros de la mesa de contratación dan por buenas sus explicaciones, en atención principalmente a “la constatada subida de precios de los materiales acaecida en el mercado y que el margen de beneficio planteado es lo suficientemente amplio para mitigar los posibles riesgos para el licitador de una hipotética bajada de precios”.
En consecuencia, la mesa de contratación da la máxima puntuación a Erri Berri-Afesa en el apartado económico y si bien quedó la segunda, por detrás de Lezama-Los Álamos, en el técnico la suma total de ambos baremos (81,26 puntos frente a 68,15) la convierte en la favorita para la adjudicación.
El contrato para achatarrar Baterías salió a mediados de agosto a licitación en 15,67 millones y con un plazo de ejecución de un año y medio. Anteriormente ya había sido objeto de licitación y resultó ganadora la UTE vasco-asturiana Lezama-Los Álamos. El importe de aquella adjudicación fallida ascendía a 6,5 millones, la diferencia entre el importe global de la obra (13,7 millones, sin contar el IVA) y lo que se obtendrá por la enajenación de materiales y residuos (7,1 millones). Pero el procedimiento tuvo que empezar de nuevo porque el Tribunal de Contratos, dependiente del Ministerio de Hacienda, admitió el recurso que presentó la empresa Erri Berri contra la adjudicación del contrato a Lezama-Los Álamos y en el que alegó –y demostró– que la primera valoración de las ofertas fue “errónea y discriminatoria, en perjuicio de Erri Berri”.
La presunta intervención inapropiada en el proceso del exdiputado socialista avilesino Álvaro Álvarez no llegó a empañar la primera adjudicación una vez que la Abogacía del Estado concluyó que no existían “razones jurídicas que avalen la renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento de contratación” por la denuncia interpuesta ante Fiscalía contra el exdirigente socialista, presuntamente por haberse ofrecido a una de las empresas que conforman la UTE Lezama-Los Álamos para influir en el resultado de la licitación. La Fiscalía no apreció tampoco indicios de que los hechos denunciados, que salpican a Álvaro Álvarez, hubiesen influido de modo alguno en el procedimiento.
