La deuda de Alu Ibérica de Avilés con las administraciones públicas supera los dos millones de euros. Los propietarios de la fábrica de San Balandrán, esto es, Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho, dejaron de pagar las retenciones del IRPF de los trabajadores de la planta, sus cotizaciones sociales, las tasas de ocupación de los terrenos portuarios –las instalaciones productivas se construyeron en terrenos de utilidad interés general, es decir, en la Autoridad Portuaria, aparte cuenta con un muelle propio al que no se le da uso desde hace dos años y medio– y hasta la recogida de basura.
Pero no sólo eso: la aluminera tampoco pagó la “contribución” correspondiente a los ayuntamientos de Gozón (sobre todo), Avilés y de Castrillón (en estos dos últimos casos, se trata del IBI de características especiales, el que corresponde a los territorios en los que se extiende el Puerto). Todos estos impagos a las administraciones ha generado en la compañía que acordó este viernes pasado mandar al paro a buena parte de sus empleados (a todos menos a 11) un agujero de 2,1 millones de euros, según los cálculos del administrador judicial de la empresa, Ramón Juega, que se hizo cargo de la compañía este pasado 9 de agosto por orden de María Tardón, que es la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional.
La generación de deudas con la Seguridad Social se incrementó este verano. En los meses de junio y de julio los propietarios de Riesgo no pagaron más de seiscientos mil euros correspondientes a las cotizaciones sociales de la plantilla. Se da la circunstancia de que en junio de este año los interventores presentaron su informe de inspección de las fábricas de Riesgo y que el 27 de julio, María Tardón, acordó nombrar un administrador judicial cosa que sucedió finalmente en agosto.
Los servicios tributarios del Principado multaron a la compañía, señala Juega, con 25.000 euros, cantidad que tampoco Riesgo decidió abonar. Se acerca, además, el final de período voluntario del pago de varios impuestos (el IBI rural, el urbano, el de características especiales y hasta el Impuesto de Actividades Económicas). La fábrica, que no produce ni un gramo de aluminio desde el día 8 de julio, tiene que pagar este mes de noviembre casi 300.000 euros más.
Deuda a 178 proveedores
Los propietarios de la fábrica avilesina de aluminio –Alu Ibérica– deben dinero a 178 proveedores de servicios, desde Correos a una papelería. El administrador judicial de la compañía que perteneció entre 1997 y 2019 a Alcoa señala que la cantidad que le reclaman estos 178 acreedores supera los cuatro millones de euros; más de la mitad de ellos se generaron el año pasado (Riesgo tomó el control de la fábrica el 8 de abril de aquel año). Los clientes de Alu Ibérica reclaman el pago de facturas que van de 400.000 euros a sólo 21; desde una distribuidora suiza de metales a una agencia de viajes. Estos impagos que señala el administrador judicial en un informe al que ha tenido acceso este periódico se combinan con la operación de venta de “todas las materias primas que pudieran ser propiedad de la planta”, si no también mercancía que, en concepto de maquila, había sido cedida por los ahora acreedores en el marco de un procedimiento habitual en el sector aluminero que se oferta a los principales clientes de la compañía (la aluminera recogía los desbastes de las fábricas de productos de aluminio para luego volver a fundirlos: el aluminio es infinitamente susceptible de ser reciclado). Respecto de la venta de “todas las materias primas” cabe destacar el flete de, al menos, un barco con destino (primero) a Bilbao que se fue de Avilés con sacos de criolita este octubre pasado. Entonces un portavoz del entramado comercial conformado por Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho, procesados por la Audiencia Nacional, defendió el derecho de Grupo Riesgo a vender el “stock” de las materias primas de que disponía. La criolita se utiliza para hacer aluminio electrolítico.
