Los 248 trabajadores de la empresa Alu Ibérica van a acumular tres meses sin cobrar ni cotizar nada antes de recibir la primera mensualidad de sus percepciones de desempleo correspondiente al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado entre los representantes sindicales en San Balandrán y Ramón Juega, el administrador judicial de la fábrica de aluminio de Avilés (la antigua Alcoa), el encargado por María Tardón, la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, de poner orden en la gestión supuestamente negligente de los procesados David Domenech y su socia Alexandra Camacho. La deuda corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre (lo previsto es que los trabajadores regulados puedan cobrar “algo” a partir del día 10 de diciembre y es que el Servicio de Empleo realiza sus pagos ese día de cada mes).
Ramón Juega explica a los trabajadores que el motivo de la regulación de empleo es la situación económica en que se encuentra la empresa: con pérdidas acumuladas y también por calcular. “Debido a la situación de inactividad, de falta de materias primas, de carencia de derechos de CO2 y de tesorería y liquidez, es materialmente imposible la reactivación de la actividad de la planta de forma inmediata”.
El administrador reconoce que el ERTE es una forma de ganar tiempo en la tarea que le han encomendado (sacar del agujero una fábrica singular de la economía asturiana). Juega explica que la solución a la crisis se encamina en la búsqueda de financiación y eso se hace con la venta “a un tercero solvente”, que era lo que prometió Alcoa cuando inició la crisis que lleva más de tres años descolocando la vida de tres centenares de trabajadores y sus correspondientes familiares.
Juega, entre las opciones para recuperar solvencia señala la posibilidad de que las administraciones públicas competentes pongan en marcha una “intervención directa o indirecta para lograr la reactivación de la fábrica”. Este punto ha sido rechazado en innumerables ocasiones tanto por el Gobierno de España –garante del primer acuerdo de venta– como por el asturiano –que lo asumió por “lealtad institucional”–.
Concentración
El sindicato CC OO de Asturias ha convocado una concentración delante de los juzgados de Pola de Lena para mostrar su apoyo al secretario general de la federación regional de Industria, Damián Manzano, y en repulsa del “intento de amedrentamiento de la acción sindical”.
David Domenech, que fuera administrador del Grupo Industrial Riesgo (ahora está cesado), interpuso una querella contra Manzano, dice CC OO, “como método de coacción en el conflicto de Alcoa, en el que el pasado lunes hubo una importante manifestación en Oviedo”.
