La declaración de concurso voluntario de acreedores para las fábricas de aluminio intervenidas de Avilés y La Coruña –Alu Ibérica Avl y Alu Ibérica Ac– era una noticia esperada e incluso ansiada para dar salida a la venta de las instalaciones. El consejero de Industria, Enrique Fernández, incidió ayer en solicitar al Ministerio de Industria que la planta avilesina se venda como una sola unidad, sin trocear, y a un inversor que sea “industrial” y “acreditado”. En términos similares se expresaron los alcaldes de Avilés, Mariví Monteserín, y de Gozón, Jorge Suárez, quienes se mostraron confiados en que las instalaciones se adjudiquen para volver a dedicarlas a fabricación industrial, sin que sean troceadas ni se destinen a otros usos, como de almacenamiento. La plantilla, por su parte, recibieron la noticia con un suspiro de alivio porque “se acaba la agonía”, pero no oculta su preocupación por el futuro de las instalaciones y aseguran que después de todo lo que ha pasado, “no confiamos en nadie”.
La declaración del concurso voluntario de acreedores adelantado por www.lne.es, no significa, ni mucho menos, que ahora todo vaya a ser un camino de rosas. De hecho, estos procedimientos suelen ser largos y tortuosos, salvo muy contadas excepciones.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró hace solo unos días al comité de empresa que en cuanto se declarara el concurso de acreedores, en el plazo de un mes se celebraría una reunión técnica en Madrid “para trabajar en una nueva fase” para las plantas de Avilés y La Coruña. Se supone que será en ese momento cuando se den a conocer las ofertas que hay sobre la mesa, según admitió el consejero de Industria del Principado, y que rechazó adelantar. Si esto no fuera así, entonces será a partir de ahora el momento de buscar a esos posibles inversores para las fábricas alumineras.
La última modificación en la normativa concursal tiende a favorecer la atención a los acreedores vendiendo la unidad productiva completa, explicaron las fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Pero también advirtieron de que este tipo de procesos “suelen ser muy inciertos y prolongarse en el tiempo”.
La clave para su pronta resolución es que ya haya inversores realmente interesados. El administrador y delegado judicial, Ramón Juega Cuesta, debe presentar una propuesta de convenio anticipado o un acuerdo de refinanciación que pueda cumplir con los requisitos legalmente establecidos. A partir de ahí, se negociarían las condiciones de la transacción, en la que iría incluida la subrogación de la totalidad de la plantilla o al menos de una parte.
¿Y qué pasa si no hay acuerdo con ninguno de los inversores? Pues que el proceso avanzaría hacia la liquidación para cubrir la deuda con los acreedores y los trabajadores dejarían de tener vinculación alguna con esa empresa.
Es precisamente esta opción la que más temores suscita entre la plantilla, porque el proceso se podría alargar incluso años y teniendo en cuenta la situación económica de Alu Ibérica, lo más probable es que tampoco se vieran resarcidos económicamente.
José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de Alu Ibérica en Avilés, no ocultó ayer su preocupación. “Lo único que se nos pasa a nosotros con la declaración del concurso de acreedores es la angustia, porque no nos creemos nada de lo que dicen de que ya hay inversores y que habrá una solución. Han sido muchos años de engaños y no hay base para que confiemos en nadie”, aseguró tajante.
La plantilla está convencida de que “lo más fácil es que si hay un inversor, se quiera zafar de hacerse cargo de los trabajadores. Así que lo más probable es que esperen a la liquidación e incluso que adquieran solo una parte, y no la planta como unidad fabril”, afirmó.
La esperanza de los trabajadores de Alu Ibérica se centra ahora en que el mes próximo cobren ya el paro, una vez tramitado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con un ingreso el próximo día 10. “Si no es así, serán cuatro meses sin cobrar. Esto es insostenible”, afirmó De la Uz.
El consejero de Industria, Enrique Fernández, insistió ayer en que “la prioridad es mantener el interés y las capacidades industriales y la riqueza en el entorno del sector del aluminio”. Ahora lo que toca, añadió, es “que nos movamos rápidamente, porque nuestra prioridad es que esa planta sea operada por un inversor serio, solvente y acreditado en el sector industrial, para que se pueda recuperar la actividad y el empleo. En esta misma línea está el Ministerio de Industria”.
Los alcaldes socialistas de Avilés y Gozón quisieron mostrarse optimistas. “Espero que tengamos propuestas de industriales para Avilés. Mientras tanto, mi preocupación es que los trabajadores cobren y salgan de esta situación”, señaló Mariví Monteserín. Por su parte, Jorge Suárez indicó que “hay cierto alivio no porque el concurso sea bueno, sino porque no había otra alternativa y cuanto primero ocurriese, mejor. Ahora esperemos que quien se quede con Alu Ibérica sea un empresario de verdad, que los hay, y que se haga con la unidad empresarial completa, porque tiene fortaleza muy grande, que es contar con un muelle propio de salida a la mar”.
Llarina González, concejala de Cambia Avilés, insistió en “que la nacionalización es la única solución viable. Hemos enviado una carta junto a los compañeros de La Coruña para exigir una solución ya para las tres fábricas en su conjunto, porque la unión hace la fuerza”. Pedro de Rueda, concejal y presidente del PP de Avilés, remarcó que “lo que mal empieza, normalmente mal acaba. A estas alturas no creo que nadie tenga grandes esperanzas con lo que va a pasar con Alu Ibérica. Se hizo mal desde el principio y de aquellos polvos, estos lodos”.
Javier Vidal, portavoz municipal de Ciudadanos afirmó que la declaración del concurso de acreedores “es una buena noticia, que genera esperanzas de encontrar una solución viable para el futuro de la planta avilesina”. Y Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, señaló: “El concurso se veía venir, porque fue un petromocho del aluminio en toda regla. En lugar de crear las condiciones óptimas para abaratar los costes de producción, el gobierno central y autonómico se dedican a hacer políticas ‘ecolojetas’ que destruyen el empleo productivo y la industria de nuestra región a pasos agigantados”.
