Alu Ibérica, la fábrica de aluminio de San Balandrán, vale 173 millones de euros y, tras las contestadas gestiones consecutivas del fondo suizo Parter Capital y de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, ha generado hasta la fecha una deuda de 18 millones. Alcoa había vendido la fábrica a los hombres de Rüdiger Terhost en julio de 2019 por un dólar y estos se deshicieron de tres cuartas partes de las acciones de la compañía aluminera a favor del imputado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech (que también responde al nombre de David Domenech) a cambio de seis millones y medio de euros. Esta transacción es la que investiga el Juzgado de instrucción Central Número 3 de la Audiencia Nacional
Los administradores concursales tomaron el pasado lunes día 13 el control de la aluminera y de la sociedad pantalla que figura como tenedora de las acciones (Iberian Green Aluminium Company, cuyo administrador único ha sido hasta agosto Luis Losada, también imputado en la causa por la descapitalización fraudulenta). Los abogados designados por el juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo (Miguel Gómez Gordillo y GdP Legal) presentaron ayer a los representantes sindicales de la planta avilesina su hoja de ruta: “vender la sociedad por la mejor oferta posible que garantice la unidad productiva y el empleo”.
Para alcanzar este objetivo planean pasar a Alu Ibérica a la fase de liquidación (esto no significa el cese de la actividad). Ramón Juega, el administrador judicial que nombró la jueza instructora, ya lo había solicitado cuando se puso en marcha el período de preconcurso de acreedores. La diferencia entre un administrador judicial y los actuales es que estos tienen la autoridad para administrar o vender la fábrica mientras que aquel sólo puede mantener su actividad.
Los concursos de acreedores tienen dos fases: convenio y liquidación. En la primera se busca negociar la caída de la deuda con el fin de devolver la administración a sus dueños (David Domenech y su socia Alexandra Camacho). La liquidación es la que abre la puerta a la venta a un nuevo inversor, que es el camino que habían aventurado desde los gobiernos de España y de Asturias. Los administradores concursales no se han planteado buscar el convenio dado el resultado en que se encuentra la compañía tras el paso de los compradores elegidos por Alcoa cuando decidió en el otoño de 2018 que tenía que cerrar la fábrica porque decía que la producción de aluminio no era asumible al precio de la energía (y también ante la ausencia de las subvenciones de las que se había venido beneficiando a lo largo de los años, desde que el Gobierno de José María Aznar la vendió en 1997).
Lo que corre prisa es conseguir liquidez contable para que los trabajadores no regulados cobren los treinta días anteriores a la puesta en marcha del concurso de acreedores (lo dice la ley). Para ello anunciaron al comité de empresa que iban a vender todos los activos ociosos que encontraran (la chatarra).
