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Dos firmas extranjeras y dos nacionales se interesan por Alu Ibérica, dice Industria

Los trabajadores acusan a la ministra Reyes Maroto de “terrorismo industrial” por propiciar el final de la fabricación de aluminio en España

José Manuel Gómez de la Uz, con los brazos cruzados; Daniel Cuartas, a su espalda, y David Gómez, en primer término, ayer, delante de Alu Ibérica. | M. V.

El Ministerio de Industria aseguró ayer que “dos empresas extranjeras y dos nacionales” se han interesado por la adquisición de las fábricas de Alu Ibérica en Avilés y en La Coruña. Estas fuentes oficiales no identificaron las sociedades, pero desvelaron que desde el puente de la Constitución –antes de que los administradores concursales tomaran el control de las fábricas de aluminio– el Gobierno trabaja “para encontrar la solución”. Y dicen el puente porque antes la ministra Reyes Maroto había dicho varias veces que sólo se podía activar una solución para la crisis cuando se hubieran establecido los administradores concursales y eso sucedió el pasado día 13.

Sin embargo, la primera decisión del equipo de Miguel Gómez Gordillo fue la de presentar un expediente de despido colectivo para toda la plantilla de Avilés (250 personas). El Ministerio de Industria, a este respecto, lamentó la puesta en marcha de esta regulación que los trabajadores consideran que es la puntilla para tres años de lucha por un futuro que ahora ven más cercano del abismo que de la salvación.

El Gobierno de España, con el anuncio de la entrada de cuatro sociedades en el drama de aluminio, no quiere lanzar las campanas al vuelo: “Decimos que se han interesado, no que la vayan a comprar. Comprar una fábrica de aluminio no es tan fácil y no se hace de un día para otro”.

Se da la circunstancia, sin embargo, que los administradores concursales –los que tienen el poder ejecutivo en la empresa, es decir, los que pueden vender la fábrica entera o troceada y también los que pueden despedir– aseguraron el jueves pasado a los trabajadores que “no habían recibido ninguna oferta” por la empresa. A preguntas de este periódico detallaron que lo único que habían atendido fueron “aproximaciones”, es decir, manifestaciones de interés sin concreción ninguna. Además, procedentes del mercado secundario nacional.

Todo esto sólo tiene explicación para los trabajadores: “Alguien nos está engañando” y no están dispuestos a seguir admitiendo que les bailen el agua. Así que José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de la aluminera de San Balandrán señaló al término de un plenario extraordinario en el que los representantes sindicales acordaron una concentración el sábado (12.00 horas) en la plaza de España de Avilés y una caravana de coches hasta Oviedo con horario a determinar.

“Puedo acusar a la ministra Reyes Maroto de terrorismo industrial porque se ha cargado el sector del aluminio entero y no pasa nada, no ha hecho absolutamente nada”, aseguró el representante sindical. “Están facultados, pueden salvar esta fábrica haciendo que la SEPI intervenga: no hay excusa posible. El aluminio es un metal de futuro y está proponiendo que no se haga en España”, añadió De la Uz.

El pasado jueves la plantilla conoció la situación de las cuentas corrientes de la empresa tras la gestión del propietario de las fábricas (el investigado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech, que también es conocido como David Domenech). El resultado es cero ingresos y casi medio millón de gastos corrientes al mes. Para evitar que el agujero generado en la época en que Domenech estaba al frente de la fábrica se haga un abismo, los administradores concursales propusieron el despido masivo de 250 trabajadores (todos menos 4). Lo comunicaron entonces, el día 30, porque era entonces cuando estaba prevista la reunión de seguimiento del ERTE aprobado en noviembre.

“No esperábamos estar en esta situación con tanta premura. Tengo que explicar que nosotros firmamos una regulación temporal hace muy poco. Fue un ERTE fundado por la administración judicial para buscar la viablidad de la empresa ya que se nos estaba diciendo por parte de las administraciones que había inversores para la empresa y ahora mismo nos encontramos muy sorprendidos de que de pronto, en la segunda reunión que tenemos, nos plantan el despido”, resumió De la Uz. La claridad que esperan los trabajadores aún no ha llegado.

La Audiencia Nacional rastrea un millón de euros que movió Parter

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, rastrea los movimientos de dinero de las empresas que compraron a la multinacional Alcoa las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña (Galicia) para determinar el destino de 1.150.000 euros transferidos a una cuenta de la entidad financiera Sparkasse Schwyz, radicada en Suiza, según la documentación recabada por “El Periódico de España”, del mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA.

La multinacional norteamericana Alcoa comunicó a la instructora que no dispone de información sobre la transferencia de este 1,1 millones. En concreto, el pago que la realizó la firma Alu Holding AC Spain a favor de una cuenta de la que es titular la sociedad Blue Motion Technologies AG, sociedad instrumental con la que el suizo Parter Capital adquirió las fábricas de Galicia y Asturias.

De esta forma la empresa norteamericana responde al requerimiento que le realizó María Tardón mediante un auto de 13 de diciembre de 2021 en el que pedía que se aportara un documento en el que consta un supuesto acuerdo de fecha 27 de julio 2019 en virtud del cual se movía el dinero a Suiza.

En su búsqueda de estos fondos, la instructora se ha topado con la Fiscalía de Suiza, que no ha querido colaborar con la Audiencia Nacional para encontrar el dinero desaparecido en el proceso de reventa de Alcoa en abril de 2020, tal y como adelantó “La Información”.

La multinacional explica que la transferencia que ahora rastrea la realizaron dos sociedades pertenecientes a Parter, que no fueron nunca propiedad de Alcoa, y sobre cuyas cuentas tampoco tenía ningún conocimiento: “Ninguna de esas cuentas estaba en el ámbito del Acuerdo sobre servicios de transición (TSA). Unido a ello, desconocemos a qué pueda referirse el ‘acuerdo de 27 de julio de 2019’”.

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