Tercer parón en el plan de Baterías en apenas un año. La UTE vasco asturiana Lezama-Los Álamos ha recurrido la segunda licitación del contrato para la demolición de Baterías, que el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) había adjudicado a Erriberri-Afesa. Este mismo lunes la entidad publicó en la plataforma de contratación del sector público la formalización del contrato con la alianza vasco-navarra, que en este segundo concurso había arrasado con su oferta económica. El Tribunal de recursos contractuales notificó ese mismo día a SEPI Desarrollo Industrial (Sepides) el nuevo recurso y tiene ahora dos meses de plazo como máximo para resolverlo. El plan para echar abajo la coquería vuelve a encallar de nuevo y acumula ya un retraso de un año sobre los plazos inicialmente previstos.
Tras la anulación de la primera licitación (la que se había llevado Lezama-Los Álamos), y una vez publicados los pliegos de la segunda, la UTE vasco asturiana presentó en septiembre un primer recurso contra los mismos al entender que dado el conocimiento público de las ofertas, y al haber mantenido el órgano de contratación los mismos criterios de adjudicación que en el primer concurso, se le generaba una situación de desigualdad frente al resto de licitadores. El Tribunal de recursos contractuales desestimó dicho recurso contra los pliegos.
Lezama-Los Álamos ha vuelto a acudir al mismo tribunal, esta vez para recurrir la adjudicación definitiva a Erriberri (había quedado en segundo puesto en el primer concurso). Según las fuentes consultadas, las compañías vasca y asturiana no están de acuerdo con la justificación de la bajada en el precio de la enajenación de materiales que hizo que Erriberri (que esta vez se presentó en UTE con Afesa) se llevara un contrato que está ahora pendiente de resolver.
Desde SEPI Desarrollo Industrial (Sepides) sostienen que “esta impugnación implica una nueva paralización que perjudica a PEPA, generando mayores perjuicios económicos y riesgos medioambientales y por consiguiente al interés general que este proyecto representa para Avilés y su comarca”. Según datos facilitados en su día por Sepides, mantener en pie las Baterías de coque en condiciones de seguridad para el medio ambiente y la población supone un gasto de 250.000 euros al mes.
“Confiamos en que el Tribunal de Recursos Contractuales pueda resolver cuanto antes y que podamos comenzar a ejecutar los trabajos de desmantelamiento y demolición de las antiguas Baterías de coque a la mayor brevedad posible, se genere certidumbre en los plazos del proyecto y podamos poner a disposición del mercado suelo urbanizado para que se instalen proyectos y empresas que dinamicen la actividad empresarial y la creación de empleo en la zona”, defienden desde el Parque Empresarial Principado de Asturias.
El tiempo avanza y se alarga el incumplimiento de los plazos inicialmente previstos. Según el calendario inicial, los trabajos deberían haber empezado en las viejas instalaciones siderúrgicas el pasado otoño. Después, al haber tenido que sacar a licitación por segunda vez el contrato, se marcó como fecha prevista febrero de 2022. Dado el nuevo recurso sobre el segundo proceso de licitación, los trabajos no podrán empezar, como mínimo, hasta el próximo abril, y siempre y cuando ese recurso sea desestimado por el mismo tribunal.
“Es una mala noticia, cada retraso es un dolor”, lamentó la alcaldesa de Avilés al trascender el nuevo parón del desmantelamiento de la coquería. Y añadió: “Estamos en una sociedad muy garantista, a veces excesivamente garantista. Espero que este retraso sea corto, que en un mes se pueda resolver, Sepides pueda adjudicar la obra y que empiecen los trabajos, tan necesarios e imprescindibles para la ciudad de Avilés. Esperemos también que una vez adjudicado (el contrato) se pueda recuperar el tiempo que se ha perdido en tanto trámite”.
Fue hace un año cuando el plan para comenzar a liberar los terrenos que ocupa la vieja coquería sufrió el primer revés por una denuncia contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez, al que vinculan con un intento de injerencia en el proceso a favor de la UTE Lezama-Los Álamos y que está pendiente de resolver.
