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Alu Ibérica, a la Junta: el Consejero de Industria se siente objeto de una “espiral de acusaciones”

l Los trabajadores llegan a la reunión telemática de la Mesa del Aluminio sin conocer qué explicaciones da el Ministerio sobre su situación

De frente, los diputados Reyes Fernández Hurlé, Teresa Mallada, Álvaro Queipo y la concejala Esther Llamazares, ayer, en una reunión con el comité de Alu Ibérica. | PP

Enrique Fernández, el consejero de Industria del Principado de Asturias, piensa que “lejos de lo que se está trasladando [en la crisis del aluminio], el único y principal responsable de la situación actual es la multinacional Alcoa y sus empresas acólitas Parter y Grupo Industrial Riesgo”. Y piensa más: que se siente objeto de una “espiral de continuas acusaciones infundadas que están trasladando a la opinión pública algunos grupos políticos y algún representante de los trabajadores, que en ningún caso se ajustan a la realidad de los hechos”. Por todo esto ha pedido comparecer en la Junta General “a petición propia”.

Lo cierto es que esta petición la hace al día siguiente de que Izquierda Unida (IU) anunciase su pretensión de pedir que se convoque un Pleno extraordinario y monográfico sobre la situación en que se encuentra la fábrica de Alu Ibérica en Avilés y unas horas después (ayer por la tarde) de que el Partido Popular (PP) de Asturias se sumase a esa misma petición. “No nos vale que se esconda en una comisión. Queremos que dé la cara en el órgano principal del parlamento”, señaló ayer Alejandro Suárez, el secretario de Relaciones con los medios, de IU en Asturias.

Gimena Llamedo, la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, defendió a Fernández en una nota en la que, entre otras cosas, aseguró que su partido quiere “reivindicar” el trabajo del titular de Industria. Esto lo dijo a la vez que mostró el apoyo de su organización “a la plantilla de Alu Ibérica y a la búsqueda de una alternativa industrial para la planta de San Balandrán”. Y, además, en referencia a la petición de Izquierda Unida del Pleno extraordinario, señaló: “Izquierda Unida conoce bien la disposición permanente al diálogo de los socialistas asturianos que venimos practicando toda la legislatura. Lamentaríamos, en ese sentido, que IU tomase iniciativas que se articulen en torno a una pinza parlamentaria con la derecha –siempre predispuesta a entrar en ese juego- que perjudicase políticamente el entendimiento de la izquierda y, sobre todo, perjudicase los intereses de Asturias. La historia debe enseñarnos que hay caminos que es mejor evitar”. Y concluyó que IU tiene plena libertad a la hora de exigir responsabilidades al Ministerio de Industria o plantear la intervención de la empresa por SEPI, “algo que puede hacer no solo a través de la Junta General, sino directamente a través de su representación en el Gobierno estatal de coalición, dado que Alberto Garzón, Coordinador General de IU, forma parte del Gobierno de España como ministro”, recordó Llamedo. 

 El papel de Fernández en la crisis del aluminio es el que fundamenta la petición de reprobación que el comité hizo a IU y al PP y que ambas organizaciones se han comprometido a llevar a cabo. Teresa Mallada, la presidenta del PP de Asturias, lo explicó gráficamente: “El presidente Barbón ya lo ha hecho de facto anunciando la agencia de la Ciencia, que pasaría a absorber el Idepa, quitándolo por tanto el grueso de las competencias en Promoción Económica de su Consejería y convirtiéndole en el consejero de empleo sin ocupación”.

Mallada también anunció su intención de pedir los informes que haya emitido la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en los que se basa el presidente Adrián Barbón para decir –lo ha hecho en varias ocasiones– que con el caso judicializado la entidad pública no puede intervenir Alu Ibérica. “¿Qué informes ha trasladado el Gobierno del Principado?, ¿qué trabajo ha realizado?”, se ha preguntado la popular al tiempo que ha destacado el carácter estratégico de la producción de aluminio.

En este mismo sentido, se ha manifestado Cambia Avilés (la confluencia de Podemos e IU en Avilés), que ha anunciado que presentará una moción el próximo Pleno municipal en la que busca que todos los grupos apoyen la intervención pública de la fábrica porque, según señala, “cuenta con las garantías jurídicas que ofrecen tanto la normativa europea como el marco constitucional”. Para ello, apelan a la existencia, de “un informe jurídico de la Universidad de A Coruña que avala la legalidad y viabilidad de la intervención”.

Por otra parte, que Fernández señale directamente “a algún representante de los trabajadores” en su petición de comparecencia no ha sentado bien ni a los representantes en la fábrica, ni tampoco a Izquierda Unida. Los primeros aseguraron que esta estrategia “se parece demasiado sospechosamente al Grupo Riesgo y su actitud hacia la representación de los trabajadores, pretendiendo atemorizarlos, que a la dignidad que se espera de un cargo público de su envergadura y que está demostrando no tener”.

Y añaden: “Los miembros del comité de empresa trasladan las opiniones y posiciones del conjunto de la plantilla, y por tanto no las realizan a título personal, si no como expresión de las posturas de dicha plantilla”.

La conclusión del comité a este respecto es que la actitud de Fernández “es lamentable y vergonzosa” porque su “premura” en solicitar la comparecencia viene “dada por la presión social y política que está desenmascarando su nula actuación durante todo este tiempo”.

IU, por su parte, señaló: “Somos una organización conectada con los sindicatos sin mácula de duda ni reserva mental alguna. Si el comité de unos trabajadores que están en la calle nos pide reprobar a un consejero que lleva tres años sin solucinar el problema lo vamos a hacer y si para eso hay que ponerse frente al Gobierno, ahí estaremos. Nos debemos a los trabajadores de Asturias”.

La crisis política consecuente a la del aluminio tiene esta tarde un nuevo episodio con la reunión telemática de la Mesa del Aluminio, la de Madrid. “No sabemos quién estará al otro lado de la pantalla, ni qué explicaciones nos van a dar ahora sobre su inoperancia”, concluyó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité.

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