Por primera vez en lo que va de mandato, gobierno y oposición del Ayuntamiento de Avilés se ponen de acuerdo para lanzar un mensaje unánime en apoyo a los trabajos de la antigua Alcoa, la actual fábrica de Alu Ibérica que se encuentra ahora en pleno concurso de acreedores.
Todos los grupos que conforman la Corporación aprobarán en el primer pleno ordinario del año que se celebra este viernes una declaración institucional que insta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a la búsqueda de un grupo empresarial que asuma la factoría de Alu Ibérica en Avilés, capaz de ofrecer un proyecto industrial viable y con futuro, antes de que se produzca el ERE de extinción. También pide a la Ministra Reyes Maroto “que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) asuma temporalmente la dirección de la planta hasta que se disponga de un inversor industrial que responda a las exigencias planteadas y diseñe un proyecto industrial que garantice el mantenimiento de la actividad y el empleo”.
Todos los grupos dieron ayer el visto bueno a este texto, confirmaron fuentes municipales, un mensaje que se ha cocinado en los últimos días y con el que se busca una voz unánime frente a la crítica situación de la fábrica de aluminio de San Balandrán y de sus trabajadores.
No ha sido tarea fácil conseguir esta declaración de intenciones. Cambia Avilés (CA) y el Partido Popular (PP) ya habían registrado sendas mociones y con posterioridad intentaron consensuar otra junto con Ciudadanos (Cs), mientras los socialistas planeaban un nuevo intento de declaración institucional. Vox no formaba parte de estas negociaciones por el rechazo de la confluencia a presentar una moción conjunta con el grupo minoritario de la Corporación, según las mismas fuentes.
Estos tres grupos se reunieron ayer con el comité de Alu Ibérica para consensuar un texto que finalmente acabaron negociando con el gobierno socialista para poder llevar a Pleno esa declaración institucional a la que también se sumará Vox, según las mismas fuentes.
La última declaración institucional que aprobó el Consistorio en relación a la crisis del aluminio se remonta al anterior mandato. Fue en octubre de 2018, en un pleno extraordinario que se convocó tras anunciar Alcoa su intención de cerrar las plantas de Avilés y La Coruña. Entonces pedían a la multinacional que rectificara y mantuviese la actividad y pedía al Principado que tomase las medidas oportunas para conseguirlo.
