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El dueño de Alu Ibérica dice que él también cuenta con inversores para las plantas

Los abogados de los sindicatos reclaman el cese del administrador judicial de las fábricas para evitar que se incremente la deuda

Concentración de trabajadores de Alu Ibérica ante el Ayuntamiento de Avilés el pasado día 8. Ricardo Solís

El dueño de Alu Ibérica, que se llama Víctor Rubén Domenech, aunque a veces también responde como David, dice que también cuenta con inversores listos para ayudarle a devolver la actividad a unas fábricas que dejaron de tenerla el pasado 8 de julio (entonces quien gobernaba las instalaciones fabriles era el propio Domenech: lo dejó de hacer el 9 de agosto). Esto es parte de lo ha vertido en un escrito que ha enviado al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo, el que vigila el concurso de acreedores puesto en marcha el pasado 13 de diciembre. Señala a este respecto que el acuerdo con estos inversores (no dice cuáles son) está cercano.

También dice en ese mismo escrito que su disposición para que vuelva a la normalidad la actividad fabril es tal que se compromete a dar trabajo a 125 personas en cada planta (ahora, en Avilés, hay 250 personas). Y que se compromete de tal modo porque quiere evitar que ahonde más la situación social actual (los administradores concursales comunicaron a la representación de los trabajadores que planean un despido masivo para evitar que la deuda de la compañía se incremente todavía más dado que no existe ninguna actividad productiva ni comercial). Esta argumentación, más o menos, ya la había adelantado en una carta que dirigió hace unos pocos días al presidente del comité de empresa de la fábrica de Avilés, a José Manuel Gómez de la Uz.

Domenech quiere personarse en el desarrollo del concurso de acreedores y por eso ha enviado al Juzgado de lo Mercantil un escrito en el que, como ya hiciera cuando le tocó dirigirse a la jueza instructora de la causa penal abierta en la Audiencia Nacional a costa de una presunta descapitalización fraudulenta de las plantas, invoca un estudio de una auditoría que el propio Domenech había contratado esta pasada primavera, un informe en el que se dice que su empresa contaba con dinero en las cuentas. En otro informe –esta vez de FTI Consulting– se señalaban también dos posibilidades para salvar las fábricas: o despedir al 84 por ciento de su plantilla o despedir solamente al 66. Ahora lo que se avecina es el despido de todos los trabajadores.

La representación legal de los sindicatos en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional ha solicitado el cese de Ramón Juega como administrador judicial toda vez las fábricas están actualmente en manos de sendos administradores concursales. Consideran que el trabajo de Juega ha terminado y él mismo tendría que haberse retirado de la primera fila dado que sus emolumentos son créditos privilegiados, es decir, deben ser abonados por la empresa los primeros y dado que los trabajadores tienen sobre sí mismos la amenaza de sus despidos.

Sobre este asunto trataron ayer los representantes de los trabajadores con el juez encargado de vigilar el concurso de acreedores. Los trabajadores le explicaron que la activación del expediente de regulación de empleo no es una prioridad. Los trabajadores han organizado este mediodía una caravana en Oviedo.

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