En la explanada de San Balandrán, bajo una tenebrosa nube negra, se juntaron ayer por la mañana un centenar de trabajadores de Alu Ibérica y sus coches con un sólo objetivo: demostrar que aún no han sido vencidos. “Estamos aquí para salvar el sector del aluminio, un sector que se han cargado las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera”, dijo José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de la fábrica aluminera avilesina, con las manos en el volante, justo antes de tomar la ovetense calle Toreno. Fue el primero en llegar a la capital, fue el primero en hablar: “Hemos venido a denunciar la estafa producida por el Ministerio de Industria, por la Consejería y por el resto de la administración asturiana” , le dijo a los periodistas apostados a dos metros de la puerta del edificio de la Presidencia, en una vigilada calle de Suárez de la Riva.
A bocinazos, en orden, bajo la atenta mirada de los Guardia Civil desplazada a la puertas de la fábrica sin producción desde el 8 de julio pasado, sus compañeros adornaron sus coches con carteles en los que se llamaba al presidente Barbón “temerario”, un adjetivo que compartió con la Ministra Maroto. Los dos, además, luciendo la camiseta amarilla que se ha convertido en el emblema de una lucha que supera los tres años y que ha dejado a España sin aluminio primario, por lo menos, hasta el próximo 2025, que es cuando la multinacional Alcoa prevé mirar si recupera la producción que esta semana dejó para la historia.
El centenar de coches, ya ataviados para la marcha, fue formando la caravana que, cuando llegó al campo de San Francisco, en Oviedo, comenzó a dar vueltas y vueltas al parque para dejarse oír y para no callar. Ya lo había vaticinado De la Uz el sábado día 8 ante los alcaldes de Avilés y de Gozón. “Moriremos con las botas puestas”, pero los tiros están a punto de dar en el blanco: la regulación temporal que les ahoga corre el riesgo de convertirse en definitiva, todos los empresarios que han hecho un aquel de interesarse por la factoría lo han hecho con una condición innegociable: no cargar con las nóminas de los 250 trabajadores que se sienten víctimas de una campaña de mentiras llevada a cabo por los gobiernos de España y de Asturias. Y todo esto, además, en la primera jornada sin producción de aluminio primario en España en 75 años.
“No sé qué quieren hacer sin personal”, se preguntó Abilio Álvaro, el secretario comarcal de UGT en Avilés, ayer, en el nuboso aparcamiento del que partieron los coches de los trabajadores pertinaces: “Queremos denunciar que tenemos todavía solución, que se nos tiene que dar para toda la plantilla “, señaló José Manuel Gómez de la Uz. “No podemos escuchar a un presidente que ahora dice que lo primero es la actividad industrial y luego los trabajadores”, añadió. Lo cierto es que, actualmente, no hay ni uno, ni lo otro: los propietarios de Alu Ibérica (David Domenech y su socia Alexandra Camacho) estaban al frente de la fábrica cuando salió el último gramo fundido de aluminio de los talleres de Avilés.
Los trabajadores aguardan como agua de mayo a que el Gobierno del Principado diga qué informes han tenido en la mano para afirmar como hacen –categóricamente– que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI): “Para saber que hay problemas legales para intervenir en la fábrica tiene que haber informes que lo señalen, no valen comentarios de un político cualquiera. No conocemos ningún informe que descarte la intervención”, destacó el líder de los trabajadores para, a continuación, añadir: “Nosotros no pedimos que se use el fondo covid, pero pedimos que el Estado nos intervenga porque somos una empresa estratégica”.
Ante las dificultades de algunos grupos políticos (que rechazan que intervención y nacionalización sean sinónimos) De la Uz aclaró: “No pedimos que se nacionalice, pedimos que se intervenga temporalmente para que pueda venir un inversor y no un carroñero que se haga cargo de la plantilla”, recalcó el líder sindical justo cuando empezaban a acercarse a Presidencia los bocinazos del ciento y pico coches que se dedicaron durante casi cuarenta minutos a rotar sobre el jardín histórico ovetense, con las furgonetas de los policías distribuidas por las cuatro esquinas del parque justo en el día en que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se iba a ver con el presidente Barbón –esta vez, protagonista de la protesta; su consejero de Industria, Enrique Fernández, actuó únicamente de secundario–.
Las vueltas de los alumineros al parque ovetense tuvieron la función de subrayar la aflicción de 250 trabajadores (unos ochenta, desde que comenzó la crisis del aluminio, han tenido que abandonar la lucha ante la cercanía al precipicio en el que están tras haber sido comprados y recomprados, mentidos y rementidos) que confiaron en la salvación prometida y que ahora sólo tienen a un abogado del Estado que a través de una videoconferencia –y bajo el amparo del secretario general de Industria, el socialista Raúl Blanco– les cuenta lo bueno que es que acepten el despido masivo que los administradores concursales han propuesto y el juez de lo Mercantil de Oviedo ahora está estudiando.
Hubo ayer en Oviedo alumineros cabreados, pero, salvo De la Uz, ninguno de ellos se bajó de sus coches: el presidente y el ministro de Inclusión sólo tuvieron ocasión de quedarse sordos. Ni uno, ni otro, atendió a los alumineros y, sin embargo, su protesta se escuchó fuerte y clara en medio de la capital del Principado.
“La situación en la que nos encontramos es muy, muy complicada”, explicó De la Uz, que el jueves estuvo reunido con el juez que les lleva el expediente de regulación de empleo (el despido masivo). “No supo precisar cuando estará encima de la mesa”, señaló el líder sindical. Todo apunta a que será de manera efectiva en pocas semanas. Lo que queda es que los trabajadores acepten el despido o luchen contra él. En la última reunión con el jefe de gabinete de la Ministra Reyes Maroto, con Juan Ignacio Díaz Bidart, quedaron claras las alternativas: o veinte días por año trabajado, o sesenta si se echa mano de la sentencia de la sala de los social de la Audiencia Nacional (la que devuelve toda la situación a la casilla de salida: al día en que Alcoa dijo que o vendía o despedía a su personal con las ventajas de un plan social que el ERE concursal no trae consigo). Lo malo es que esta sentencia está pendiente de lo que decida la sala de lo social del Tribunal Supremo.
El siguiente capítulo de la lucha ya tiene fecha: el día 26 a las nueve de la mañana, la Junta se reúne en Pleno para hablar sobre Alu Ibérica. “No esperamos que digan qué ha pasado aquí porque todos los sabemos. Lo que esperamos es que los diputados dejen claro que el consejero Enrique Fernández no ha hecho absolutamente nada para solucionarlo”, apuntó Gómez De la Uz. Justo entonces, la caravana se fue disolviendo. La nube negra y tenebrosa, sin embargo, siguió amenazando el presente industrial del Principado.
Monteserín: “Los gobiernos deben encontrar solución a la crisis”
Todos los grupos municipales avilesinos acordaron ayer apoyar una declaración institucional del Ayuntamiento en favor del mantenimiento de la actividad aluminera de San Balandrán, herida por una crisis que ya dura más de tres años. Concretamente, aceptaron “instar al Ministerio de Industria a la búsqueda de un grupo empresarial que asuma la factoría de Alu Ibérica Avilés, capaz de ofrecer un proyecto industrial viable y con futuro, que se lleva a cabo antes del ERE de extinción”.
Además, también acordaron instar al Gobierno de España a que “hasta que se disponga de un inversor industrial que responda a las exigencias planteadas, asuma temporalmente a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales la dirección de dicha planta”. Mariví Monteserín, la Alcaldesa de Avilés, analizó la situación con estas palabras:_“Todos los grupos que representan a esta ciudad nos hemos puesto de acuerdo en instar al Gobierno de España y al Gobierno del Principado a que encuentren una solución al problema generado en la antigua empresa Alcoa y esa solución va por acompañar mucho a los trabajadores para resolver su situación y sobre todo para que la planta siga teniendo actividad industrial”, apuntó. A este respecto añadió: “Lo que necesitamos es que los dos actores implicados trabajen intensamente para cumplir los objetivos”, resumió.
El teniente de alcalde de Avilés, el concejal Manuel Campa ahondó en esta idea:_“Desde el primer momento entendimos que de este Pleno debía salir una declaración institucional apoyada y amparada por todos los grupos municipales que permitiera a la ciudad y a los trabajadores tener el aval de este Pleno. Hemos demostrado que en la unidad de la ciudad reside nuestra fortaleza. Y por eso hemos hecho el máximo esfuerzo por alcanzar un acuerdo entre los grupos”.
Primitivo Abella, el concejal de Cambia que atiende los asuntos económicos, señaló:_“Si queremos que se mantenga la producción primaria de aluminio y la actividad económica y el empleo que genera no hay más camino que la nacionalización”. Añadió posteriormente:_“Nos congratulamos, además, de que el PSOE de Avilés, aunque tarde, se haya sumado a la petición a la SEPI” , concluyó.
Esther Llamazares, la portavoz del PP en Avilés, aseguró:_“El PSOE ha jugado con una declaración institucional de apoyo como siempre, sólo para evitar el debate de las mociones presentadas por Cambia Avilés y nosotros”, señaló antes de concluir: “Si hubiesen querido apoyar de verdad la declaración, lo habrían hecho. Nosotros pedimos la intervención pública porque, a pesar de que va contra nuestras políticas, entendemos que aquí lo importante son los trabajadores, no los partidos”.
Javier Vidal, el portavoz de Ciudadanos, señaló al término del Pleno:_“Cuando se plantean cuestiones importantes para Avilés, como esta, cuya solución está en otro nivel político, la fuerza principal está en la unidad de todos los grupos políticos que la proponen”.
Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, señaló que, a su juicio, “Alu Ibérica necesita del apoyo de todas las administraciones conjuntamente, y esto es lo que ha suscrito Vox, sin obviar que han sido las desastrosas políticas energéticas y fiscales del Gobierno socialista las que han abocado a la compañía a una ausencia de inversores interesados en continuar la producción aluminera en Avilés”.
