Ciudadanos tiene esta mañana la agenda completa. Por un lado, el abogado Manuel Cifuentes jura o promete acatar la Constitución a primera hora del día y luego se incorpora al grupo liberal, que hace unas semanas Laura Pérez Macho abandonó. Pero esto será solo el prólogo de un Pleno que se dedicará por entero a analizar la gestión que ha hecho el Gobierno del Principado de la crisis del aluminio, la de Alu Ibérica (la antigua Alcoa). El consejero de Industria, Enrique Fernández, será el primero en intervenir. Y, posteriormente, se someterá al escrutinio de la oposición, que llega con una carga de profundidad: la reprobación Fernández.
Ciudadanos aquí no se ha aclarado todavía. Porque, teniendo, aseguran, “razones suficientes para la crítica de su política industrial”, han decidido reservar su voto hasta que llegue el momento de las resoluciones (que eso será por la tarde). La reprobación será efectiva si, al final, votan afirmativamente, porque todos los demás grupos ya dejaron que rechazan la gestión que llevó a cabo.
Mientras ocurra todo esto, los trabajadores de Alu Ibérica han quedado en la puerta de la Junta General del Principado. Son ellos los que iniciaron hace unos días una campaña para conseguir el apoyo de los grupos políticos a la reprobación de Fernández. Izquierda Unida fue el primero en sumarse al proyecto. Luego todos los demás. El PSOE no. Gimena Llamedo, la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, lo que hizo fue aplaudir el trabajo llevado a cabo por el consejero que protagoniza esta mañana la sesión plenaria en la Junta.
Y el Parlamento ha llegado a este punto porque la crisis del aluminio se ha cobrado ya el futuro de 250 trabajadores de la empresa Alu Ibérica que esta mañana recogen la documentación para nombrar la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) que se cierne sobre ellos desde el pasado 30 de diciembre, cuando los administradores concursales de la planta aluminera soltaron la bomba: sin ingresos no pueden seguir pagando las nóminas de los trabajadores y, además, sin trabajadores es más fácil vender la fábrica a quien la esté rondando (siete, según el Ministerio de Industria; uno, según su propietario; ninguno, según sus actuales gestores).
