Enrique Fernández, el consejero de Industria del Principado de Asturias, echó mano de Platón para mostrar su pesar sobre lo que ayer se estaba debatiendo en la Junta General: la reprobación del parlamento a su gestión en la crisis del aluminio abierta por la multinacional Alcoa hace tres años y que ha conducido a 250 trabajadores de la empresa Alu Ibérica (su sucesora) a un despido masivo. “Es peor ser víctima de una injusticia que cometerla”, dijo para ilustrar el modo en que se siente después “dos años y medio y una pandemia” al frente de su departamento. Y se siente “víctima de una injusticia” por parte de la oposición porque él, en realidad, es el “árbol que da fruto” al que todos tiran, que esto también lo dijo.
Fernández salió a la tribuna justo cuando José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, explicaba en la calle, ante los periodistas, que la jornada de ayer, precisamente, era del inicio de sus despidos. Y así las cosas Fernández recorrió “los dos años y una pandemia” (un mantra que repitió varias veces) de su gestión.
En este sentido empleó buena parte de su intervención a resumir su trabajo. Dijo, por ejemplo: “Logramos evitar que en los momentos más duros de la pandemia nuestro corazón industrial tuviese que paralizar su actividad”. Y también: “Hemos buscado soluciones a empresas con dificultades y el ‘rescate’ de Duro Felguera –fruto de la diplomacia discreta– es buena prueba de ello”.
Y continuó: “Las gestiones discretas y un trabajo serio y continuo también han atraído a la región empresas como el proyecto de Amazon en Bobes”. Así, concluyó, que no le cuadraba que este desempeño político suyo pudiera traer consigo la reprobación que finalmente se llevó para casa. Nuria Rodríguez, la diputada de Podemos, lo explicó a su modo: “Estamos asistiendo a las aventuras de Enrique I El Infortunado”.
René Suárez, el diputado socialista que fijó la posición política a la hora de votar a las resoluciones (eso fue por la tarde), reprochó a los grupos políticos de la oposición que buscaran “rédito político” con la reprobación final.
Su compañero, Luis Ramón Fernández Huerga, fue un poco más allá: dijo a los grupos de la oposición que estaban actuando “como los abogados de Alcoa”, un argumento que había pincelado Fernández en su primera intervención: “Al único consejero al que hay que reprobar es al consejero delegado de Alcoa”. Un rato después siguió en sus trece, pero con un argumento menos elaborado: “No le hagan el caldo gordo a Alcoa”, que son los únicos culpables de que los trabajadores de la aluminera de Avilés tengan un pie ya en la calle.
La de la reprobación fue la primera resolución que se votó por la tarde. Las reprobaciones, si pesan, es por el escrutinio público. Por nada más. “Lo mismo que si hago algo mal en mi trabajo, me reprueban, espero que pase eso esta mañana en la Junta”, apuntó De la Uz en los minutos previos al Pleno que solicitó Izquierda Unida, pero que promovieron los representantes de los trabajadores en Alu Ibérica.
El Pleno de ayer también sirvió para que la Junta General inste al Gobierno de España a que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) intervenga de manera temporal en Alu Ibérica. Enrique Fernández fue claro por una vez en este punto: “No nos oponemos a ello”. Hasta ahora su discurso era que el Gobierno de España decía que esto no se podía hacer por cuestiones de legalidad y órdenes que llegaban de la Unión Europea, pero nunca dijo cuáles.
Por eso el diputado Luis Fanjul, que es de Ciudadanos, le reclamó el informe en el que se señala la razón jurídica de la imposibilidad para la intervención. “Mire, si usted va por la vida pidiendo un informe cada vez que le dicen que no es algo que probablemente sea disfuncional”, aseguró el Consejero.
“Se puede pedir este informe a la SEPI, pero no sé qué va a resolver” porque, recordó, lo que pide el Gobierno (y ahora también todo el parlamento menos Vox, que no es partidarios de la intervención pública en una empresa privada) es “que busque un hueco, o recoveco, la posibilidad que pueda aliviar esta transición que está siendo dolorosa”. Daniel Ripa, que tomó la palabra por Podemos en la sesión de la tarde señaló: “La intervención de la SEPI la estamos pidiendo desde 2019”.
El consejero de Industria lo tenía previsto. En la “captatio benevolentia” (prólogo) de su primer discurso, el de la más de una hora, señaló: “Sobre los insultos, las descalificaciones personales o los intentos de agresión ya les anticipo que nada diré, salvo que nunca son justificados, y que desde siempre, este tipo de actitudes han calificado más a quien las profesa que a quien las sufre”.
Un trabajador de Alu Ibérica le lanzó desde la tribuna de invitados unos cuantos “farsantes” que acompañó de la exhibición de la camiseta amarilla que la plantilla de la aluminera enseñorea desde hace tres años. Marcelino Marcos, el presidente de la Junta, le llamó al orden. Lo hizo una segunda vez y no hubo tercera: ordenó que le expulsaran de la sala. Se fue. Y le acompañaron dos compañeros. Un rato después, ya en la calle, comenzaron a sonar los petardos.
¿Qué había pasado? Que Enrique Fernández estaba explicando qué estaba pasando cuando el Gobierno de José María Aznar decidió vender las nueve fábricas públicas de aluminio. Recordó entonces que Josep Piqué, entonces Ministro de Industria, había dicho que la empresa alumuniera “en los últimos siete años había perdido 67.500 millones de pesetas y había requerido ampliaciones de capital por un importe cercano a los 100.000 millones de pesetas”. Y luego apostilló: “Como ven, las dificultades de la planta no son nuevas”. Fue la mecha que encendió al trabajador.
Ignacio Blanco, el portavoz de Vox, fue el primero en tomar la palabra tras Fernández: “Condenamos cualquier acto de violencia, verbal o física, independientemente de los motivos”. Adrián Pumares también se mostró en parecidos términos: “Nada justifica agresiones de ningún tipo”, dijo.
Esta primera intervención de Enrique Fernández fue calificada como “complaciente” (Foro) y él, de ir de “sobrado” (Vox). “De todas las intervenciones que le he escuchado, esta ha sido, sin duda, la peor”, dijo Nuria Rodríguez, que ejerció como portavoz de Podemos por la mañana (por la tarde lo hizo el exsecretario general Daniel Ripa).
Luis Fanjul, de Ciudadanos, le acusó de “inacción, indolencia y pasividad”. “No tenemos nada en lo que asirnos para salvar su reprobación, señor Consejero”. Las razones de todas estos comentarios vinieron de frases como: “A lo largo de 2021, un rasgo destacable de la evolución de la economía española y asturiana ha sido el aumento del empleo, superior incluso a lo esperado, y el crecimiento del PIB. En nuestro caso, y a falta de datos definitivos Hispalink estima para el Principado un crecimiento del 5,4%, lo que nos convierte en la segunda comunidad autónoma con mayor dinamismo después de Baleares”.
O también: “Esta reactivación económica regional, asentada en la fortaleza del sector industrial con un avance estimado del 11% en el año 2021, y en la recuperación del resto de sectores de actividad, se ha traducido en una notable mejoría de las cifras de ocupación, lo que nos llevó a terminar el ejercicio pasado con 370.199 afiliados a la Seguridad Social, con el mayor incremento en un mes de diciembre desde el año 2010”. La diputada Nuria Rodríguez reprochó al Consejero que ofreciera “cifras hinchadas”: “Pues nada, esto dígaselo al INE, a Hispalink. Hable con ellos por si hinchan las cifras de manera conveniente para Asturias”, se defendió Fernández.
Esto –defenderse– fue lo que hizo en su relato de los “dos años y medio y una pandemia” que lleva al frente de Industria. Dijo varias veces, a quien le quiso oír, que su participación en el proceso de selección de Parter Capital (el comprador de las fábricas que eligió Alcoa) fue nimia, que llegó a la mesa de la crisis “seis días después” de su nombramiento como consejero (los primeros pasos de la crisis del aluminio los comandó el consejero Isaac Pola, que también es socialista, como el propio Fernández).
“No hubo tiempo de analizar todas las ofertas. Es más, ya estaba determinado el comprador y lo que se hizo el día 31 fue hacer una firma protocolaria. Por cierto, una elección que condicionó y determinó Alcoa”.
Fernández, que es miembro del Poder Ejecutivo asturiano, se dirigió a los grupos de la oposición (del Legislativo) para preguntarles qué gestión habían hecho “para tirar de la palanca de la solución” de la crisis del aluminio. “Consejero, este Pleno va de su responsabilidad política y de su absoluta incapacidad para articular una respuesta a esta situación”, le recordó Ángela Vallina, la portavoz de Izquierda Unida en la Junta.
El rifirrafe mayor del debate fue, precisamente, el que protagonizaron Fernández y Vallina. José Manuel Gómez de la Uz, el líder sindical en Alu Ibérica, señaló a este respecto: “Lo único que le pedimos al Consejero es que estuviera con nosotros, pero no lo ha hecho. La Ministra le vendió la moto y él lo que hizo fue comprarla”.
En este sentido se manifestó Álvaro Queipo, del Partido Popular, que equiparó al consejero con el Sastrecillo Valiente, el que llevaba en el cinturón inscrita la leyenda “Siete de un golpe” y todos pensaban que había sido “por haber acabado con siete gigantes, aunque en verdad eran siete moscas”. Queipo le reprochó: “El mayor error político suyo es manifestar que usted y sólo usted conocía la identidad de los inversores”.
Fernández, zaherido por la oposición, señaló que no tiene culpa de la crisis, que quien la tiene toda es Alcoa: “El tiempo lo ha demostrado y en sede judicial se depurará su responsabilidad”, apostilló. “Ha trabajado en la sombra para torpedear la fabricación de aluminio en Asturias y Galicia”. Y la oposición “le hace el caldo gordo”.
