Los juristas instan a subsanar los “agujeros” detectados en la ley del trabajo a distancia
La sentencia pionera dictada en Avilés evidencia, a juicio de los abogados, que la norma es tan reciente que se están “dando palos de ciego”

Una mujer se dispone a iniciar una jornada de teletrabajo. / S. F.
La ley que regula el teletrabajo es tan nueva (se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 9 de julio de 2021, aunque es plenamente efectiva desde el 1 de octubre) como los escollos con que se van encontrando las empresas y los trabajadores afectados por su desarrollo. Una sentencia publicada en Avilés –del Juzgado de lo social número 2– ha hecho aflorar uno de ellos: la necesidad de conciliar la vida laboral y la personal, el teletrabajo como opción preferente de los empleados.
“Esta ley es tan reciente que se están dando palos de ciego. Es preciso que el poder legislador reforme los agujeros que se han ido encontrando en estos meses”, señala la abogada avilesina Antonia Magdaleno. “La ley va siempre por detrás de la realidad y los escollos sólo los salva la jurisprudencia, pero debería hacerlo la propia legislación”, añade Paula Espina, letrada laboralista.
“La ley va siempre por detrás de la realidad y los escollos sólo los salva la jurisprudencia, pero debería hacerlo la propia legislación”
El teletrabajo es un acuerdo entre el trabajador y su empresa. Eso lo deja claro la nueva ley. De hecho, en la exposición de motivos que precede al articulado en sí se puede leer que el objetivo de la ley “es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental y el uso de pantallas seguras”.
“Es mejor tener una ley que no tenerla: hay que saber quién paga internet, quién abona la energía eléctrica”, aclara Magdaleno. “Y es necesario clarificar todo esto para evitar seguir yendo a golpe de acción y reacción. Como consecuencia del covid todos nos quedamos en casa. Y un día dice la empresa que hay que volver. Es evidente que el trabajador puede aducir que no se puede estar a disposición permanente de tu empleador. Por eso está bien que se señale que el teletrabajo es voluntario y que ni una parte ni la otra lo pueden imponer”, continúa Magdaleno.
Es mejor tener una ley que no tenerla: hay que saber quién paga internet, quién abona la energía eléctrica"
“Las condiciones en que una estaba en el confinamiento pueden haber cambiado con las del momento presente y esto, los posibles cambios, son los que tienen que preverse en la reforma de la ley que debería hacerse”, añadió la jurista.
Daniel Girol, el director de la empresa Girol Consulting, es “absolutamente” partidario del teletrabajo. “Sólo no lo soy cuando mi empleado acaba de llegar y está en período de formación. Uno de los míos viene por la mañana a la oficina a solucionar las dudas y por la tarde se queda en casa. Y produce más. A dos veteranos no los veo nunca. Y cuando digo ‘nunca’, es nunca. Esto no quiere decir que no me comunique con ellos. El zoom ha llegado para quedarse”, señaló. “Hay que sacar un trabajo y, mientras se haga de acuerdo a lo requerido, me da igual cuándo y dónde se haga”, concluye Girol.
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