La multinacional Alcoa y las dos administraciones concursales de Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica La Coruña “llevan semanas” negociando el acuerdo de despido masivo para las dos plantillas. Este acuerdo tiene que ser aprobado por los trabajadores de las dos empresas.

Según ha sabido este periódico, la aceptación del acuerdo económico por los trabajadores conllevará la aplicación de un despido masivo para toda la plantilla (incluidos los 91 que Alcoa se había reservado en enero de 2019 en caso de conseguir la venta de las instalaciones de San Balandrán y Agrela, cosa que sí se produjo en el verano de ese mismo año) y, además, el final de los procedimientos laborales abiertos por los sindicatos y que se materializó en una sentencia de la Audiencia Nacional que señala que la venta de las fábricas no se realizó en los términos acordados previamente.

La vía penal seguirá desarrollándose en tanto en cuanto la Fiscalía mantenga su acusación sobre los responsables de la descapitalización fraudulenta de la compañía. En este proceso están investigados Víctor Rubén Domenech (que también responde como David Domenech), su socia Alexandra Camacho y Luis Losada y Diego Peris (ambos figuran como administradores de alguna de las piezas que conforma la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo) y, desde hace algunas semanas, el presidente de Alcoa España (Álvaro Dorado) y la administradora de la sociedad Christine Keener.

Acuerdo global

Alcoa está explorando la posibilidad de llegar a un acuerdo global que finalice todos los procedimientos legales relacionados con la venta de sus antiguas plantas en Avilés y La Coruña, y que permita una solución rápida y razonable para todas las partes involucradas. Las plantas fueron vendidas a Parter en 2019, en un proceso avalado por el Gobierno español y respaldado por los representantes de los trabajadores.

 

La aluminera, dicen, siempre actuó "con total transparencia y de conformidad con la legislación española" en el proceso de venta. "Sin embargo, las acciones de los posteriores propietarios han tenido un impacto negativo en los ex empleados de Alcoa que permanecen en las plantas, lo que ha resultado en varios procedimientos judiciales", explican. Alcoa propone una transacción global "muy razonable que permita una pronta solución a los distintos procesos judiciales surgidos como consecuencia de las actuaciones de los propietarios posteriores de las plantas".

 

La propuesta planteada está condicionada a que se alcance un acuerdo global que sea aceptado por todas las partes interesadas. Un acuerdo global beneficiaría a todas las partes y, en el caso de Alcoa, permitiría centrar sus esfuerzos en su negocio actual en España.

 

En cualquier caso, Alcoa tiene la intención de continuar adoptando todas las medidas legales que procedan contra los compradores de las plantas, ya que son sus actuaciones las que han creado la situación perjudicial que afrontan Alcoa y sus ex empleados que permanecen en las plantas. Si no se logra un acuerdo, la Compañía cree firmemente que su recurso actual ante el Tribunal Supremo debería prosperar. Alcoa confía en la colaboración con las partes interesadas en España y en que se mantenga un diálogo constructivo. En este sentido, Alcoa llegó a un acuerdo con sus trabajadores el 29 de diciembre de 2021 para promover la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián. La intención de la compañía es ahora centrar todos sus esfuerzos en España en el futuro de la fábrica de San Ciprián, realizando las inversiones necesarias, colaborando con todas las administraciones implicadas y, sobre todo, manteniendo el compromiso con los trabajadores, cuya implicación es fundamental.