La práctica totalidad de los trabajadores de Alu Ibérica de Avilés (el 93,65% de los 235 personas que votaron: sólo hubo 14 noes) se decidieron este viernes por el sí al acuerdo de despido pactado entre la multinacional Alcoa (antiguos patrones de la plantilla de la aluminera) y los administradores concursales (los patrones actuales). Esto supone que antes del 30 de abril la fábrica de San Balandrán se habrá desprendido de su peso mayor en las cuentas: las nóminas de los que resistieron los tres años y pico de lucha por el mantenimiento de un sector industrial histórico en el presente económico de la comarca.
Los 235 avilesinos estuvieron votando entre la una del mediodía y las siete de la tarde. Los de La Coruña cerraron las urnas a las cuatro de la tarde. Y allí la mayoría de trabajadores también optó por el sí a “una propuesta de indemnizaciones que conllevaría el desistimiento de todas las demandas en cualquier ámbito judicial contra Alcoa, que además supondría aceptar el despido colectivo de toda la plantilla por el ERE presentado por la administración concursal”, señalaron los miembros del comité de empresa de La Coruña. Concretamente, fueron 222 los trabajadores gallegos los que dijeron que apoyaron el acuerdo frente a 36 que dijeron que no. Hubo tres blancos.
Alcoa, señaló en su momento que trasladaba a los trabajadores “una transacción global muy razonable que permita una pronta solución a los distintos procesos judiciales surgidos como consecuencia de las actuaciones de los propietarios posteriores de las plantas”. Estos procesos son dos: una instrucción penal que está llevando a cabo María Tardón, que es la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, y en la que están investigados la cúpula de Alcoa España (Álvaro Dorado y Christine Keener) y los propietarios actuales de la planta (Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho y dos de sus hombres: Luis Losada y Diego Peris). La otra vía es la laboral y cuenta con una sentencia de la sala de lo social también de la Audiencia Nacional. El pasado junio la multinacional Alcoa fue condenada a cumplir el acuerdo de enero de 2019 (en puridad, el mismo de ahora) porque la “reindustrialización de las plantas y mantenimiento del empleo mediante su compraventa a un empresario serio, solvente y riguroso no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo pactado”. Esta sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.
Los trabajadores avilesinos decidieron en función de unos datos que los representantes sindicales trasladaron a cada uno de las 250 personas vinculadas actualmente a la empresa. Es decir, convirtieron el número vago de 60 días por año trabajado en dinero de tal modo que cada uno de los 235 empleados que votaron ayer pudo decidir cómo quiere reorganizar su futuro en virtud de una cifra contante y sonante.
La votación de ayer tarde en Avilés fue la del cierre de una época. Los trabajadores que votaron ayer tienen una media de 42 años de edad, es decir, están todavía en activo. Tienen todos una media de tres lustros de experiencia específica que tendrán que moldear a la hora de volver a trabajar. Están decepcionados con “los cuentos” recibidos por las administraciones públicas. Uno de ellos es que procurarán que los despedidos estén en la lista de espera de los inversores que vengan.
