La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, órgano rector del Parlamento asturiano, ha desestimado las razones presentadas por el Gobierno de Adrián Barbón para no entregar las actas de la Fundación Metal, tal y como había solicitado el PP. Según este partido, el Ejecutivo regional tiene ahora un plazo de quince días para entregar la documentación solicitada, "que servirá para arrojar dudas y esclarecer qué se hizo con el dinero público que se entregó para la realización de cursos y el abono de las nóminas a los trabajadores", explicó el diputado regional Álvaro Queipo. José Antonio Nieto, en calidad de portavoz de los trabajadores de la entidad, aseguró que mientras los docentes están al paro, una veintena de empleados continúan trabajando sin cobrar. Se les adeudan casi once meses de salario.

"Lo que ha ocurrido con la Fundación Metal es una implosión de un chiringuito socialista", aseguró Queipo durante una rueda de prensa celebrada en Avilés, en la que también participaron la portavoz del PP en el Ayuntamiento avilesino, Esther Llamazares, y la diputada Reyes Fernández Hurlé. "Esa fundación se montó con falsa apariencia de entidad privada, cuando en realidad prácticamente su financiación era totalmente pública. Así, han pasado 20 años sin ser sometida a controles por parte del Principado ni de los ayuntamiento de Avilés y Gijón". Las tres administraciones forman parte del patronato junto con UGT y CC OO. La patronal Femetal lo abandonó hace unos meses, tras realizar la aportación económica que le correspondía.

De hecho, dicha aportación ha sido aportada ya por todos los miembros del patronato excepto por el Principado de Asturias, que adeuda 400.000 euros.

Los votos del PSOE, IU y Podemos en la Junta General impiden que la Sindicatura de Cuentas pueda fiscalizar la cuentas de la Fundación Metal, como solicitó el PP. El partido que lidera la oposición solicitó que el Gobierno entregara las actas de los últimos cinco años, a lo que el Gobierno regional se negó alegando que son de dominio privado, que contiene datos de terceras personas que impiden que se hagan públicas y que la Ley de Fundaciones también impide la entrega de esa documentación.Todas estas "excusas" han sido rechazadas por la Mesa de la Junta General del Principado.

"Esta novedad nos hace estar esperanzados en que sea la llave definitiva para aclarar qué pasó con el dinero público entregado a la Fundación Metal", señaló Queipo, quien cuestionó la "autoridad moral" del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) para auditar las cuentas de la entidad. "También la hizo con los cursos de la UGT y dijo que todo estaba bien", señaló en referencia a la condena por fraude en subvenciones públicas a exdirigentes y exempleados del sindicato.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, también indicó que una vez que se conozcan las actas de la Fundación Metal se podrá aclarar el fondo de los dos millones de euros que el Ayuntamiento avilesino abonó en concepto de liquidación por el derecho de superficie en el edificio que la entidad ocupaba en la "Manzana del Acero".