Los administradores concursales de Alu Ibérica determinan en el informe provisional que sobre su gestión al frente de la aluminera avilesina presentaron este miércoles en el Juzgado Número 1 de lo Mercantil de Oviedo que hay una “imposibilidad manifiesta de retomar la actividad económica de la compañía”. Y añaden –esta vez en el plan de liquidación de la sociedad que nació de Alcoa Inespal en 2013– que “el mercado no ofrece interesados en continuar con el mismo proyecto industrial que venía siendo desarrollado”, si no que “el interés manifestado se localiza esencialmente en los inmuebles”. Llegan a esta conclusión “por los múltiples contactos mantenidos desde la declaración de concurso”.
O sea, que la fábrica de aluminio de San Balandrán –después de más de tres años de lucha de sus trabajadores y de la comarca avilesina entera– ha pasado a la historia. En tales circunstancias, los administradores concursales no se plantean “la venta de la unidad productiva (la sociedad), por tratarse de una posibilidad inviable, en términos reales”, explican.
Y así están las cosas, entre otras razones, por la suma de dos gestiones (la de Parter Capital y la de los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho) que “jamás tuvieron la intención de reflotar la compañía a través de la producción de aluminio primario”.
Cuando los administradores ponen el foco en Parter señalan que “nada hicieron por solventar el problema nuclear de la concursada, esto es, solucionar el déficit de producción originado por la parada de las cubas activas de electrólisis, que permanecían en esta situación desde 14 de febrero de 2019”. Los propietarios de la fábrica posteriores a Alcoa, según se puede leer en la relación presentada por los administradores, no realizaron “ninguna actuación encaminada al cumplimiento de tan ‘cacareado’ proyecto empresarial; desde entonces, el personal adscrito a la producción de aluminio primario ha permanecido sin ocupación efectiva, soportando estos costes la concursada sin retorno económico, siendo este abandono de la gestión causa neta del agravamiento de la insolvencia de la compañía”.
¿Y cómo es posible que Parter fuera la empresa “seria, solvente y rigurosa” que buscaba Alcoa como candidata a quedarse con sus fábricas? “Con el beneficio que otorga la perspectiva, podemos considerar que tal hipotético comprador, al menos conceptualmente, debiera haberse imaginado como una ‘rara avis, pues resulta muy difícil de asimilar que en un mercado tan especializado como el que nos ocupa, en el que Alcoa ocupa un lugar significativamente prevalente, con un ‘know how’ históricamente relevante y unos canales de comercialización privilegiados, tal comprador/inversor viniese a enmendar la plana a un gigante del sector”. Los gestores concursales se hacen la pregunta, pero no encuentran la respuesta. La dirección ejecutiva de la multinacional Alcoa, cuando anunció la venta de su fábrica (en el verano de 2019) señaló: “La adquisición de Parter Capital Group de las plantas de Avilés y La Coruña proporciona continuidad en el empleo a los trabajadores y mantiene la actividad industrial en ambas comunidades locales”.
Las puntualizaciones que ponen los administradores concursales a la elección del comprador de la fábrica –un fondo carente de “seriedad”, según determinan ellos mismos– es uno de los hitos en la colección de ellos que han detectado desde que asumieron el control de la fábrica. Otro es cómo se realizó la transacción de Parter a Víctor Rubén Domenech (citado ayer por la mañana para declarar ante la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, la misma ante la que declaró Alexandra Camacho este pasado martes, cuando acusó al exadministrador judicial de haber acabado con la producción de la fábrica).
Cuentan los administradores: “La nueva adquirente (Domenech a través de una de sus sociedades amparadas bajo el nombre comercial de Grupo Industrial Riesgo) era infinitamente peor”. Los gestores concursales señalan que llegaron con “una empresa pantalla para acometer el vaciamiento patrimonial de forma sistemática de la concursada”. Se hacen eco de un auto de la investigación penal en el que se explica que como Domenech no tenía 13 millones que reclamaba Parter por dos tercios de las acciones de Alu Ibérica (la había comprado por un dólar americano) acordó con el representante del fondo suizo (Joachim Magin, el que firmó el contrato de compraventa con Alcoa) abonar el precio impuesto por medio de una asistencia financiera (sacar dinero de las cuentas de la empresa que va a comprar en cuanto tenga el control sobre ellas).
Los administradores concursales señalan que esta asistencia financiera se llevó a cabo de la siguiente manera: System Capital Management (que ahora se llama Iberian Green y su administración está en manos de Luis Losada, aunque haya presentado su renuncia a ella en agosto) transfirió a Blue Motion (de Parter) 13 millones de euros el 6 de abril de 2020. “Previamente, ese mismo día”, señalan los administradores, Alu Ibérica La Coruña transfirió a System Capital Management 7 millones de euros y Alu Ibérica Avilés 6,1 millones. “Debemos reparar en que las cuentas corrientes de las que se detraen tales fondos fueron las exigidas por Alcoa Inespal al grupo Parter, como apoyo para la financiación de operaciones de circulante”.
