La lucha de los trabajadores de Alu Ibérica en Avilés, que primero fue para salvar la actividad de la fábrica y ahora para poner fin a su relación laboral a cambio de indemnizaciones económicas, está más cerca del final. La aceptación del último acuerdo que propuso Alcoa por parte de la plantilla de la fábrica de San Balandrán, que se da por hecha, permitirá acabar con los procedimientos judiciales vinculados a las plantas de aluminio de La Coruña y Avilés, una exigencia que impuso Alcoa.
Esa supuesta conformidad por parte de los trabajadores –quedan tres por suscribir ese acuerdo en la planta gallega– conllevará la aplicación de un despido masivo y el final de los procedimientos laborales abiertos por los sindicatos, que se materializó en una sentencia de la Audiencia Nacional que señala que la venta de las fábricas no se realizó en los términos acordados previamente.
El comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés, que preside José Manuel Gómez de la Uz, ha convocado una asamblea para este mediodía a las puertas de la fábrica para informar de los términos de la regulación. Previamente tendrá lugar una reunión con el administrador concursal para concretar los últimos detalles al respecto. El referéndum celebrado semanas atrás sobre esta cuestión arrojó un resultado de 220 votos a favor frente a 14 en contra y una abstención.
Alcoa siempre ha defendido que actuó cumpliendo “todos y cada uno de sus compromisos y conforme a la ley”, tanto en relación con los acuerdos con la representación de los trabajadores y el proceso de venta al fondo suizo Parter en 2019 y que posteriormente, en abril del 2020, éste revendió a Grupo Riesgo, investigado por la Audiencia Nacional por posible descapitalización fraudulenta de las fábricas.
La vía penal seguirá desarrollándose en tanto en cuanto la Fiscalía mantenga su acusación sobre los responsables de la descapitalización fraudulenta de la compañía. En este proceso están investigados Víctor Rubén Domenech, su socia Alexandra Camacho y Luis Losada y Diego Peris (ambos figuran como administradores de alguna de las piezas que conforma la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo) y, desde hace algunas semanas, el presidente de Alcoa España (Álvaro Dorado) y la administradora de la sociedad Christine Keener.
