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La firma del despido de toda la plantilla pone fin a 74 años de historia del aluminio en Avilés

Los trabajadores se resignan a aceptar el mal menor: ser indemnizados por Alcoa a cambio de renunciar a un largo e incierto proceso judicial durante el que dejarían de percibir ingresos

José Manuel Gómez de la Uz y Daniel Cuartas, se dirigen a la asamblea de trabajadores ante las instalaciones fabriles de la San Balandrán. | Ricardo Solís

El año 1948 quedó para la historia de la industria asturiana como el que alumbró la creación de la Empresa Nacional de Aluminio (Endasa), que posteriormente evolucionaría hacia Inespal y en la década de los 90 del pasado siglo se privatizaría con la venta a Alcoa, la multinacional estadounidense que en 2019 inició el proceso de cierre de las fábricas de Avilés y La Coruña, un plan sustituido por una venta que degeneró en ruina y que ha precipitado el fin de un sector que en su época dorada fue un puntal económico de la región.

Setenta y cuatro años más tarde, y tal día como hoy, se pone punto final a esa dilatada historia aluminera. Los miembros de comité de empresa de Alu Ibérica, la última heredera de Endasa, firmarán este mediodía el expediente de extinción de contratos, lo que a efectos prácticos supone el despido en bloque de toda la plantilla que queda en San Balandrán, unas 235 personas, algunas menos de las que hace dos años comenzaron una lucha sin cuartel que no ha finalizado como era su deseo original: con la salvación de la actividad.

El presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO) comunicó ayer a los trabajadores reunidos en asamblea la decisión final y su alcance. Los afectados, que primero votaron masivamente a favor (93,65% de los sufragios) de aceptar las condiciones que puso Alcoa a cambio de aceptar su despido y en días posteriores suscribieron uno a uno un documento que acredita esa aceptación, oyeron resignados al líder sindical. Saben que todo ha acabado y que ya no es tiempo ni de quejas ni de recriminaciones. Los días para la acción quedaron atrás, lo que toca es “minimizar daños”, en palabras de los responsables sindicales.

Las cosas, según expuso Gómez de la Uz, están así: se puede ir a un despido masivo pactado, cobrar las cantidades adeudadas más la indemnización que Alcoa se compromete a pagar y olvidarse de litigar en los juzgados o se pueden sacar las uñas, rechazar los despidos, quedarse sin ingresos ordinarios (el ERE en vigor concluye el día 30 de este mes) y aventurarse en pleitos de desconocida duración de los que podría resultar el cobro de indemnizaciones imposibles de calcular en estos momentos, ya sea por exceso o por defecto sobre lo que Alcoa ofrece: 60 días por año trabajado y 10.000 euros lineales a cuenta del expediente de regulación de empleo.

El sentir unánime de la plantilla es optar por el “plan A”, el que implica tener acceso a corto plazo al dinero y cierra la vía judicial. No obstante, la cuestión de los cobros aún tiene flecos que atar, según advirtió el presidente del comité de empresa: las certificaciones de las liquidaciones a pagar a cada empleado (hay salarios, días de vacaciones o pluses pendientes de abonar) se harán en un plazo de 20 días y Alcoa no ha aclarado cuándo hará efectiva las indemnizaciones, sujetas aún a que toda la plantilla de la fábrica de La Coruña firme su consentimiento con los términos de las mismas (tres empleados siguen enrocados en el “no”). No obstante, Gómez de la Uz transmitió tranquilidad a este respecto: “Al margen de que hay visos de poder convencer a esos tres trabajadores, no parece factible que Alcoa vaya a retirar su oferta por una minoría tan poco significativa”.

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