El acuerdo de los extrabajadores de Alu Ibérica, sus representantes sindicales, las dos administraciones concursales de las fábricas propiedad del investigado David Domenech (Avilés y La Coruña) y la multinacional Alcoa es una carrera de obstáculos sujeta a una decena de anexos y a un documento transaccional que, para ser efectivo, tiene que homologar la sala de lo social del Tribunal Supremo –donde está ahora la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó esta pasada primavera a la multinacional a pagar el plan social a sus extrabajadores por no haber vendido a un grupo solvente sus fábricas en la operación de julio de 2019–. Pero esto sucederá todavía dentro de una semanas.
Para llegar al alto tribunal el acuerdo tiene que salvar la aprobación del expediente de regulación de empleo (ERE) de las dos fábricas por parte de las autoridades laborales de Galicia y del Principado. Y, luego, que los juzgados de lo mercantil (de La Coruña y de Oviedo) que vigilan las dos fábricas lo aprueben definitivamente.
Cuando llegue este punto –a comienzos de mayo, en Asturias, según las previsiones más optimistas– es cuando comenzará a contar el período de tiempo firmado para que los trabajadores despedidos empiecen a pensar en ver el dinero que les corresponde y que coincide con lo señalado en enero de 2019, cuando se pactó la venta de las fábricas o, en su caso, el despido con plan social de 60 días por año trabajado y 10.000 euros para todos de manera lineal.
Siendo estas condiciones dificultades ajenas a los firmantes del pacto, la resolución, sin embargo, va a quedar pendiente todavía de que el Ministerio Fiscal y la abogacía del Estado –que acusa por encargo del Ministerio de Industria en el litigio penal abierto en la Audiencia Nacional por la magistrada María Tardón– no se opongan a lo acordado. Es decir, que no aleguen contra él cuando llegue el momento de que se presente a las partes personadas en la causa de descapitalización fraudulenta de las fábricas. De este modo, Tardón podrá sacar del pleito a la multinacional y a sus representantes legales.
A las partes que firmaron el acuerdo final –los representantes sindicales, las administraciones concursales y a la propia Alcoa– también les sirve que tanto la Fiscalía como la acusación del Estado se manifiesten a favor del acuerdo (sacar a la empresa Alcoa y a sus directivos más importantes de la causa penal). O sea, que digan que sí están de acuerdo con el pacto o que, simplemente, no digan nada. Determinado este paso, y con las otros flecos conseguidos, empezaría a contar el momento de cobrar las indemnizaciones.
Lo que busca Alcoa con esta carrera de obstáculos documental es salir libre de polvo y paja de la crisis del aluminio que la propia multinacional encendió cuando en el otoño de 2018 comunicó a sus trabajadores –de Avilés y La Coruña– la necesidad de cerrar sus fábricas de aluminio primario más antiguas. Fruto de las movilizaciones sindicales y de las sociedades civiles de Asturias y de Galicia, la multinacional cambió el cierre por la venta.
El fracaso de la venta –a Parter Capital y, posteriormente, a Grupo Industrial Riesgo, que es el nombre comercial con el que se movían los investigados por la Audiencia Nacional David Domenech y Alexandra Camacho–, fruto de la gestión de esos dos propietarios es la situación actual: el concurso de acreedores. Este concurso puede ser declarado culpable (y señalar a sus responsables) o no culpable. En el acuerdo alcanzado por Alcoa, sus extrabajadores, los representantes sindicales y los administradores concursales se señala que la multinacional se libra de cualquier insinuación de su culpabilidad en el proceso que ha hecho que las fábricas estén ahora sin actividad, las plantillas despedidas y las instalaciones a la venta. O sea, que Alcoa quiere salir indemne de cualquier responsabilidad con la situación actual: los cuatro años de crisis.
Lo que busca la multinacional es hacer borrón y cuenta nueva, desvincularse para siempre de sus trabajadores pasados, olvidarse cualquier responsabilidad en la crisis. Y todo después de aceptar pagar a cada uno de los trabajadores que sufrieron los cuatro años de crisis industrial más grave de la región desde la reconversión de los noventa.
Los trabajadores aceptaron salir de la pelea con las indemnizaciones porque la otra opción que estaba sobre la mesa era salir sin ellas y con el peligro de alargar la pelea legal por años.
