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“Alcoa solo dio una solución cuando sintió la presión judicial”, critica el Principado

El consejero de Industria carga contra la aluminera a la vez que defiende la búsqueda de un inversor y la recolocación de los trabajadores

Instalaciones de Alcoa, ahora Alu Ibérica, con el puerto al fondo. | M. V.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, cargó ayer contra Alcoa por no haber buscado una solución para sus antiguos trabajadores “hasta que sintió la presión judicial” que provocaron las demandas tanto de los exempleados de la compañía como de las administraciones públicas. Al mismo tiempo defendió la labor que el Ejecutivo regional está realizando junto con el Gobierno central y los administradores concursales para encontrar un nuevo inversor y establecer un programa de recolocaciones para la plantilla.

“Tenemos una buena noticia en términos de tranquilidad, sobre todo para los trabajadores y para sus familias, con un acuerdo que avanza para que la empresa abone las indemnizaciones” a sus extrabajadores, señaló Fernández. Las plantillas de las fábricas de Alu Ibérica de Avilés y de La Coruña ya han dado su conformidad en referéndum al acuerdo con Alcoa, de tal manera que aceptan renunciar a la vía judicial a cambio de que la multinacional abone las indemnizaciones para el conjunto de los trabajadores. Esta conformidad se ha materializado ante una plataforma habilitada por la empresa para que los trabajadores firmen esa renuncia a continuar con sus demandas.

El Consejero de Industria hizo hincapié ayer en que la multinacional aluminera tenía que haber actuado antes dando la salida que ahora está en marcha. “Como Consejero, hace mucho tiempo que decía que la solución rápida e inmediata a todo lo que se estaba generando la tenía la propia Alcoa, y ahora se demuestra que era verdad”. Añadió que la compañía “podía haber puesto sobre la mesa estas indemnizaciones hace tiempo, y no lo hizo hasta que sintió la presión judicial, consecuencia de las demandas de los trabajadores y de las administraciones, que han surtido efecto”. Pese a esto, Enrique Fernández afirmó que, “aunque sea tarde, más vale tarde que nunca, y ahí está esa justa compensación que avanza para los trabajadores”.

Ahora hay que afrontar “otra línea de trabajo”, que el Consejero centró en el trabajo con el Gobierno central y en colaboración con los administradores concursales para encontrar inversores que se quieran instalar en las antiguas naves de la aluminera. Ya se han interesado una veintena de empresas, entre ellas Windar Renovables, del grupo Daniel Alonso. Pero todavía no se ha materializado ninguna propuesta en firme. Ninguna de ellas está dispuesta a incorporar a la plantilla de Alu Ibérica, y está pendiente conocer las condiciones de los administradores concursales, que ya han puesto un precio aproximado de 40 millones. Pero hay más. Nadie ha aclarado todavía quién se tiene que hacer cargo de la descontaminación del suelo para iniciar una nueva actividad, ni del desmantelamiento de las instalaciones, que están obsoletas.

A todo eso hay que añadir que la mayor parte del suelo que ocupaba Alcoa, luego Alu Ibérica, es propiedad del Puerto de Avilés, y que la concesión caduca dentro de cinco años. El presidente portuario, Santiago Rodríguez Vega, ya advirtió recientemente de que no se podrá hacer nada en esos terrenos sin el visto bueno de la propiedad.

En cuanto a la investigación judicial sobre Alu Ibérica que instruye la magistrada María Tardón, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ayer trascendió que la misma se prorrogará, como mínimo, hasta octubre debido a que no ha dado tiempo a completar todas las diligencias (tomas de declaración, respuesta ala comisión rogatoria cursada a Suiza para aclarar una transferencia de 13 millones de euros hecha desde las cuentas de Alu Ibérica al fondo de inversión Parter Capital...) Esta prórroga del procedimiento había sido pedida por la Confederación de Cuadros y Profesionales, la organización sindical que promovió la querella que motivó la investigación por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delitos contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

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