Los administradores concursales de la empresa Alu Ibérica pidieron ayer a los responsables de la Autoridad Portuaria de Avilés “complicidad con el proyecto de liquidación porque si no es difícil que salga adelante”. Y es que el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega, había advertido la pasada semana que “ningún proyecto industrial será posible en los suelos de la aluminera sin el beneplácito” de la propia Autoridad Portuaria.
La etapa que comienza ahora es la de la venta de las instalaciones fabriles. En el plan de liquidación se señala que este lo forman, por un lado, 1.053.645 metros cuadrados de instalaciones y, además, 146.734 metros cuadrados concedidos por la Autoridad Portuaria hasta el próximo 15 de diciembre de 2027. El problema con que se enfrentan los responsables judiciales de la compañía, aseguran, no es porque el suelo concedido sea grande o pequeño, lo importante es su ubicación. O sea, la posibilidad de no contar ese suelo va a dificultar la implantación de cualquiera “de las dos o tres ofertas” que esperan que se materialicen de manera inmediata ahora que desde el pasado 1 de mayo la compañía carece ya de plantilla (los últimos 256 trabajadores de la empresa ya están despedidos y esperando a consumir las vacaciones correspondientes –no abonadas– para poder apuntarse al paro).
La ubicación de las instalaciones fabriles a tiro de piedra de los muelles de Avilés, en terreno concedido por el Puerto, es uno de los atractivos mayores del plan de liquidación de Alu Ibérica (este plan está pendiente de que el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo lo apruebe). En él se lee: “El adquirente deberá tomar en consideración la eventualidad de no obtención de nueva concesión, con los deberes legales de reversión de las instalaciones en favor de la concedente y/o reposición del suelo al origen, con desmantelamiento y desalojo por parte de la concesionaria”.
Lo que sucede en La Coruña es distinto. Los suelos de Agrela no tienen la amenaza del final de la concesión de suelo público (Alu Ibérica, durante la gestión de David Domenech dejó de pagar a las administraciones públicas más de dos millones de euros en impuestos, tasas...). Y es que por su ubicación –a un paso del núcleo urbano de la ciudad de La Coruña– pueden producir interés no sólo en empresas fabriles, también en sociedades con ánimo para desarrollar urbanística la zona. En este momento, los administradores de Avilés y La Coruña no han recibido ofertas contantes ni tampoco conjuntas por la instalación.
El plan de liquidación, pendiente de ser aprobado
Los administradores de la empresa Alu Ibérica en Avilés presentaron a fines de marzo su plan de liquidación de la compañía propiedad de los investigados por la Audiencia Nacional David Domenech –que también responde como Víctor Rubén Domenech– y Alexandra Camacho. Este plan tenía carácter provisional dado que tenía que ser sometido al escrutinio de los afectados. Y así ha sucedido. El sindicato UGT y el Ministerio de Industria han presentado sendas alegaciones. Los actuales responsables de la compañía señalan que podrán dar prioridad en el proceso de venta a “una oferta inferior [al valor de la deuda] en un máximo de un 10% a otra de mayor importe, si a su juicio garantiza más satisfactoriamente la creación o recuperación de empleo”. UGT quiere que se eleve esta al 15%. El porcentaje que pide Industria también es más alto (en Galicia pide un 20%).
