Los administradores concursales de la empresa Alu Ibérica –el despacho del abogado ovetense Miguel Gómez Gordillo y el de GdP Legal– ofrecieron ayer al Principado la cesión “casi gratuita” de los terrenos y los edificios del poblado de Endasa, pero la Administración regional lo ha rechazado. “No es el momento”, señalaron. Y es que, subrayaron, “los inquilinos tienen contratos de alquiler indefinidos con Alu Ibérica que han generado una serie de derechos que la administración concursal tiene que salvaguardar”.
La gestión del poblado llegó a los administradores concursales el pasado diciembre –cuando fueron nombrados por el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo–. Antes había estado en manos de Grupo Riesgo, Parter Capital, Alcoa e Inespal (la urbanización se levantó a finales de los 50). Sostienen los gestores actuales de la fábrica en liquidación que el rechazo de su propuesta por parte de la Administración pública “puede conducir al poblado a un limbo legal”.
Y es que los administradores concursales ahora tienen que incluir el poblado y sus terrenos como activo en el proceso de venta de las instalaciones. Se da la circunstancia, sin embargo, de que el posible comprador puede rechazar la urbanización, que actualmente habitan 26 personas. Explican que en ese caso –la compra de la fábrica y el rechazo de Endasa– dejaría al poblado “en tierra de nadie” porque se daría la paradoja de que estaría resuelto el concurso de acreedores y, en consecuencia, los administradores actuales volverían a sus actividades comerciales previas al nombramiento judicial, pero el poblado quedaría sin dueño.
La situación del barrio de Endasa es “agónica” dicen sus vecinos. Los administradores concursales –los gestores de la propiedad, en última instancia– aseguran que la ley concursal les impide “hacer cualquier tipo de inversión” porque tienen una sola orden: liquidar la empresa y sus propiedades, convertirlas en dinero. Y eso va contra cualquier inversión “aunque sea cambiar una bombilla”.
El poblado de Endasa se levantó en 1958. El proyecto lo firmó Juan Manuel Cárdenas, el mismo del parque de Bomberos de Ensidesa (nave municipal, actualmente) y del colegio de niñas de Llaranes. Cuenta con un consultorio con médico y enfermera (miércoles de 8.00 a 15.00 horas) que atiende a los vecinos de toda la parroquia de San Juan y de Laviana. Los vecinos reclaman al Ayuntamiento de Gozón que rehabilite el edificio en que se encuentra, que cedió Alcoa al municipio en su día a cambio de poder demoler parte del poblado. En este mismo edificio estuvo la sede del colegio rural de la zona. Esta petición de la asociación de vecinos se hace recurrente, aseguran, ante la ausencia de interés de la administración local.
Los alquileres son “por apenas nada”, reconocen los vecinos. Pero a cambio, no tienen ni tienda, ni niños, ni nada.
