Primera demanda judicial contra el Ayuntamiento de Avilés por excluir del plan de estabilización de la plantilla municipal a las educadoras de las escuelinas. La demandante, afiliada de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), es técnica de Educación Infantil en la escuela de 0 a 3 años del Quirinal y viene prestando servicios para el Ayuntamiento desde septiembre de 2010. USIPA sostiene que 27 trabajadoras de las escuelinas de Avilés recurrirán a la vía judicial (en total, son 28). Defienden que tienen derecho a que se estabilice su puesto de trabajo como empleadas fijas del Ayuntamiento.
El letrado Manuel Gómez Mendoza sostiene que esta exclusión es “contraria a la ley”, porque la finalidad de esta es que llegue a quien tenga una antigüedad superior al 1 de enero de 2016, y que el Ayuntamiento ha vulnerado el derecho a estabilizar de estas trabajadoras. Argumenta que “la estabilización es igual tanto para el personal funcionario como para el laboral temporal” y que en la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de la que emana esta situación, “nada se dice de excluir a ningún tipo de personal, según la naturaleza de su relación de prestación de servicios”.
En esta primera demanda, la técnica de educación infantil demandante, añade Mendoza, “cumple todos los requisitos establecidos por la ley rectora del procedimiento de estabilización: contrato temporal anterior al 1 de enero de 2016, continuidad en el servicio hasta la actualidad y el carácter permanente del servicio de las escuelas infantiles desde el 15 de noviembre de 2002”.
El Juzgado de lo Social número 2 de Avilés falló en 2013 a favor de este trabajadora reconociendo el carácter indefinido de su contrato y le reconoció su antigüedad desde el 15 de noviembre de 2002, según consta en el escrito remitido al juzgado.
Esta primera demanda se registró ayer, el mismo día en que la Corporación instó al Principado a la “integración plena en el sistema de enseñanza de las escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil, como sucede con el resto de ciclos, y a asumir con ellos la gestión y regularización de todo su personal”. Fue a través de una moción presentada por el Partido Popular (PP) en el Pleno ordinario de mayo y que recibió el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que defendió su incorporación a la plantilla municipal y se abstuvo en la votación.
Los grupos de la oposición ven una injusticia que estas trabajadoras vayan a quedar en un limbo y las diferencias que provoca la delegación de esta competencia autonómica en los ayuntamientos. “En Asturias hay 42 modelos distintos. No es justo ni para los trabajadores ni para los ayuntamientos”, criticó Esther Llamazares (PP), defensora de la moción. “Las educadoras infantiles son las peor pagadas del Ayuntamiento. Ganan 25.000 euros brutos y las de Oviedo 30.000 por hacer el mismo trabajo”, criticó Primi Abella, concejal de Cambia Avilés (CA).
La concejala de Educación, Nuria Delmiro, apeló a la nueva Ley de Educación para ordenar al fin esta etapa educativa (establece un margen de ocho años), y el responsable de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, incidió en que el Ayuntamiento está actuando “conforme a la legalidad” al no incluir a estas trabajadoras en el plan de estabilización al no ser el 0 a 3 una competencia propia. “¿Cuántas peticiones llevamos hechas al Principado? ¿Qué va a a pasar con ellas? No lo sabe ni el Principado”, concluyó el edil.
