El Gobierno de España ha logrado elaborar un proyecto de ley de Pesca Marítima (ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera según la ha llamado el Ejecutivo) que, de momento, solo ha merecido el leve reproche de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores por haber sido llevado el pasado martes al Consejo de Ministros sin conocimiento previo de los agentes pesqueros, a los que les hubiera gustado saber con antelación las intenciones ministeriales.
Habrá críticas, probablemente, cuando el texto entre en fase de debate parlamentario y los diferentes actores afectados –caso de los pescadores recreativos– evalúen el impacto de la ley en sus actividades; pero, de momento, no parece que la hechura del nuevo traje normativo confeccionado para la pesca española disguste a los que habrán de ajustarse a sus costuras.
En Asturias, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, Adolfo García Méndez, valoró del siguiente modo el proyecto de ley: “Veo cosas nuevas y positivas en el texto, como la pretensión de hacer cambios en la gestión de las cuotas de modo que todo el mundo pueda vivir de la pesca sin apreturas. La partitura nos gusta, veremos cómo suena la música cuando empiece el concierto”.
García Méndez hace suya la proverbial desconfianza de los pescadores en tanto no se conozcan los reglamentos que han de desarrollar la ley y se pase de las palabras a los hechos mediante el dictado de resoluciones ejecutorias.
Sobre la futura gestión de los cuotas o cupos que contempla el proyecto de ley también se pronuncio esta semana en Salinas (Castrillón), a donde acudió a recoger el premio “Llámpara Natural” de la cofradía Buena Mesa de la Mar, el presidente nacional de las cofradías pesqueras, Basilio Otero: “La posibilidad de repartir las cuotas no consumidas entre sectores deficitarios ya existe en la actualidad, pero todo lo que sea profundizar en esas fórmulas de flexibilizacón y proporcionar seguridad jurídica, bienvenido sea”.
Por lo demás, Otero está a la espera de conocer un informe que ha de elaborar el servicio jurídico de la Federación para opinar con fundamento sobre todos los aspectos que regula el texto ministerial.
El proyecto de ley incluye, a sugerencia del Ministerio de Inclusión, una modificación del régimen social de los trabajadores del mar para adelantar la edad de jubilación a las mariscadoras y perceberos; también incorpora un coeficiente reductor para colectivos profesionales –mayoritariamente con mano de obra femenina– que aún no tenían reconocida la penosidad de su profesión, como las rederas.
Este beneficio también se hace extensivo a los buzos profesionales, que tampoco disfrutaban de esa ventaja social. Todos esos colectivos tendrán un coeficiente reductor de la edad de jubilación del 0,15, lo que supone que podrán retirarse casi cuatro años antes de la que sería la jubilación ordinaria si trabajan un mínimo de 27 años.
Haciendo honor a su nombre, la ley de Pesca Sostenible, introduce la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros, como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible.
Asimismo, se potencian las medidas de defensa y regeneración de los recursos pesqueros como la declaración de zonas de especial protección o la introducción de medidas preventivas de actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats.
En materia de gestión pesquera, la ley apuesta por una utilización “más eficiente y flexible de las cuotas de pesca”, según palabras del ministro de Pesca, Luis Planas. “La futura ley actualiza los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo que se asignen a España.
Además, establece sistemas de gestión que permitan una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Cuando éstas no hayan sido utilizadas durante un determinado período de tiempo, la Administración podrá redistribuirlas entre los demás usuarios”, detallan fuentes ministeriales. Esto significa, en la práctica, el fin de los llamados “armadores de sofá”, inversores en cupos pesqueros que no los usan para pescar sino para comerciar alquilándolos a otros armadores escasos de cuota.
El director general de Pesca del Principado, Francisco González, ve “necesaria y oportuna” la nueva ley de Pesca “así sea solo porque la vigente, de 2001, está obsoleta”. El responsable pesquero asturiano celebra especialmente “la seguridad jurídica que la futura ley brinda a las herramientas de flexibilización de la gestión de los cupos”. Y, en síntesis, considera que el texto legal que propone el Gobierno constituye “una buena base en la que apoyarse para desplegar políticas territoriales para impulsar la pesca artesanal, que es la predominante en Asturias”.
El lenguaje inclusivo genera una duda razonable a las cofradías
La falta de costumbre en el uso del lenguaje inclusivo –el que evita discriminar a un sexo para no perpetuar estereotipos de género– genera una duda aparentemente razonable en el seno de las cofradías de pescadores españolas. El proyecto de ley de Pesca Marítima que ha aprobado el Gobierno prevé conceder un coeficiente reductor de la edad de jubilación de 0,15 años por cada año trabajado a colectivos profesionales en los que la mano de obra es mayoritariamente femenina.
Y, en concreto, se cita a “las rederas”. Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, apoya la iniciativa, pero se pregunta si la misma también alcanzará a los rederos –en masculino–, “que haberlos, haylos”.
Otero tiene la intención de pedir una aclaración formal al Ministerio porque, semántica al margen, entiende que “tanto derecho tienen al coeficiente reductor las mujeres como los hombres”.
