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Fiscalía ve contradicciones en el "caso Baterías" y pide un careo entre tres testigos

El Ministerio Público imputa inicialmente a Álvaro Álvarez un delito de tráfico de influencias por pedir una comisión del 1,5% sobre el precio de adjudicación del contrato de demolición de las instalaciones

Álvaro Álvarez sale de los juzgados de Avilés, tras la comparecencia para su imputación. MARA VILLAMUZA

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, ha solicitado esta mañana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Avilés la celebración de un careo entre tres testigos para esclarecer contradicciones detectadas en el marco del procedimiento por presunto tráfico de influencias incoado contra el exdireigente socialista Álvaro Álvarez, exsecretario general del PSOE de Avilés, por el "caso Baterías". La solicitud se realizó durante la comparecencia celebrada hoy en el Juzgado, de formalización de la imputación, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

A expensas de ese careo, el Ministerio Fiscal imputa inicialmente a Álvarez un delito de tráfico de influencias, si bien desde el Ministerio Público aclaran que esta imputación puede modificarse en función de esa u otras pruebas que puedan practicarse.

Hasta ahora, Fiscalía concluye que sobre las 11.00 horas del día 31 de diciembre de 2020, el investigado se reunió en un establecimiento de Avilés con varias personas, entre ellas el gerente de una empresa que optaba al contrato de demolición de la coquería avilesina y se se ofreció interesarse ante el Ayuntamiento de Avilés para que se adjudicase este a la UTE de la que formaba parte esta compañía. El contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto y ejecución de obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Avilés había salido a licitación en 15.678.896,98 euros, y según la Fiscalía, Álvarez pidió una comisión del 1,5 % en metálico. Asimismo, manifestó al empresario que el porcentaje “se podía mirar”, en clara alusión a la posibilidad de negociarlo, y que tenía que tomar una decisión rápida porque los plazos para la adjudicación estaban muy cerca.

El Fiscal considera que estos hechos, de confirmarse, podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias del artículo 430 del Código Penal. El delito de tráfico de influencias, penado con entre seis meses y dos años de prisión en el Código Penal, consiste en influir en un funcionario o autoridad pública a través de una situación de prevalimiento para conseguir un beneficio económico. Se encuentra regulado dentro de los delitos contra la Administración Pública.

Álvarez, que viene negando los hechos que se le imputan, llegó a los juzgados avilesinos a mediodía, hora de su citación, y abandonó el palacio de Justicia local pasadas las 13.30 horas, junto a su abogado. Ambos declinaron realizar declaración alguna a los medios de comunicación. 

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