La Fiscalía ha solicitado al juez de instrucción la celebración de un careo entre tres testigos del “caso Baterías” tras haber detectado contracciones en el marco de la investigación que pesa sobre el exdirigente socialista Álvaro Álvarez por un presunto delito de tráfico de influencias. Esta petición tuvo lugar durante la comparecencia celebrada ayer en el Juzgado de instrucción número 6 para formalizar la imputación de acuerdo a la ley del Tribunal del Jurado.

A la espera de ese careo, el ministerio fiscal imputa inicialmente al exvicenconsejero y exsecretario del PSOE de Avilés un delito de tráfico de influencias, si bien aclara que esta imputación puede modificarse en función de esa u otras pruebas que puedan practicarse.

La Fiscalía ve indicios de la comisión de ese delito, aunque tiene dudas tras escuchar a los testigos que han prestado declaración en el Juzgado de José Antonio Moreno Gomis durante la fase de instrucción, por las contradicciones de sus relatos.

Por ahora, y a la espera de esas nuevas pruebas, la acusación pública concluye que sobre las 11.00 horas del día 31 de diciembre de 2020, el investigado se reunió en un establecimiento de Avilés (en La Cantina) con varias personas, entre ellas, el gerente de una empresa que optaba en UTE al contrato de demolición de la coquería avilesina (Lezama-Los Álamos). Según la versión de la Fiscalía, Álvaro Álvarez se ofreció interesarse ante el Ayuntamiento de Avilés para que se adjudicase el contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto y ejecución de obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Avilés a Lezama-Los Álamos a cambio de una comisión en metálico del 1,5% del precio de adjudicación (el contrato había salido a licitación en 15,6 millones). Asimismo, y siempre según la misma versión, manifestó al empresario que el porcentaje “se podía mirar, en clara alusión a la posibilidad de negociarlo”, y le advirtió que tenía que tomar una decisión rápida porque los plazos para la adjudicación estaban muy cerca.

La fiscal considera que estos hechos, de confirmarse, podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias del artículo 430 del Código Penal. Penado con entre seis meses y dos años de prisión en el Código Penal, este delito consiste en influir en un funcionario o autoridad pública para conseguir un beneficio económico. Se encuentra regulado dentro de los delitos contra la Administración pública.

Álvarez, que viene negando los hechos que se le imputan y que ya estaba jubilado cuando se produjeron, llegó a los Juzgados avilesinos a mediodía, hora de su citación, y abandonó el Palacio de Justicia local pasadas las 13.30 horas, junto a su abogado. Ambos declinaron realizar declaración alguna.

Ese careo que solicita la Fiscalía será fundamental para dirimir si finalmente el exdirigente socialista acaba procesado por un jurado popular o si acaba retirándose la imputación. Fue en enero de 2021 cuando trascendió la investigación abierta en los Juzgados de Avilés contra Álvaro Álvarez. Hubo un segundo proceso de licitación del contrato para la demolición de Baterías, que finalmente se llevó la UTE Erriberri-Afesa.