Los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho, los propietarios de la empresa Alu Ibérica –actualmente sin actividad y con toda su plantilla despedida–, rechazaron que el grupo de excluidos representado por un despacho de abogados de La Coruña pueda constituirse en acusación particular en el caso que busca desentrañar una presunta descapitalización fraudulenta de las antiguas plantas de la empresa Alcoa. Se suma así a la propia multinacional que dijo que estos empleados habían decidido dejar de trabajar en las plantas y añaden que, según saben, la mayoría del grupo que reclamó sumarse al acuerdo de los trabajadores con la multinacional estaba trabajando en otras empresas.
Se da la circunstancia, sin embargo, de que el también investigado Luis Losada –presunto testaferro de Domenech (aparece como titular o administrador de alguna de las sociedades que conforman el marabayo que integra la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo)– quiere a los excluidos en el pleito. La defensa de Losada sostiene que, lejos de ser su cliente responsable de los hechos que la Audiencia Nacional está investigando –dónde están los 13 millones de la operación de compraventa, por ejemplo– es uno de los afectados por el caso.
La Audiencia Nacional finalmente rechazó que los excluidos del despacho coruñés fueran perjudicados en el caso porque están representados por las distintas acusaciones sindicales.
