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Alcoa acepta pagar 3,5 millones a Alu Ibérica por los costes indirectos de CO2 en 2016 y 2017

La multinacional norteamericana y los gestores concursales aguardan que el juez acepte el acuerdo alcanzado tras "intensas negociaciones"

Aspecto de las instalaciones de Alu Ibérica, en una imagen tomada desde el interior de la planta. Mara Villamuza

La multinacional Alcoa ha aceptado abonar 3,5 millones de euros correspondientes a las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 a las dos empresas Alu Ibérica (Avilés y La Coruña) que salieron de la operación de compraventa de sus instalaciones fabriles en el verano de 2019. Esto significa, en primer término, que los norteamericanos se van a hacer cargo de las reclamaciones que hizo el Estado a las empresas sucesoras: Parter y Grupo Riesgo, por un lado, y los administradores concursales, por otro.

Los administradores concursales calificaron como "importantísima" esta entrada de dinero en unas cuentas que quedaron vaciadas en el tiempo en que la gestión estuvo dirigida por los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech (también responde como David Domenech) y su socia Alexandra Camacho. Y será "importantísima", mayormente, porque "garantiza un ahorro de créditos contra la masa", señaladamente, ante una posible reclamación por la vía judicial de este dinero. Cosa que no ha sido necesario porque la multinacional norteamericana y los responsables del concurso llegaron a un acuerdo con Alcoa, a finales del pasado mes de abril tras "intensas negociaciones", que ahora está pendiente de que el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo lo apruebe.

Esta misma reclamación la habían hecho los administradores concursales de la Alu Ibérica de La Coruña y allí el juez encargado de vigilar el concurso lo dio de paso hace pocos días. Lo mismo sucedió con el plan de liquidación de la fábrica de Agrela, que también ha aprobado. En Avilés se está pendiente también de que este plan consiga la autorización judicial.

Según fuentes consultadas, las dos autorizaciones se aprobarán de manera inmediata lo que supondrá que comenzará a contar el tiempo para la presentación efectiva de las ofertas por la fábrica y su venta con carácter unitario. Lo explican los administradores concursales así: "La transacción resulta altamente beneficiosa para los intereses del concurso y de sus acreedores". Es la reclamación de los administradores concursales a la empresa Alcoa del dinero que la propia multinacional se había comprometido a abonar a su comprador, es decir, a la empresa Blue Motion Technologies –la sociedad que fundaron los propietarios suizos del fondo de capital Parter Capital–.

La operación fue la siguiente: tanto Alcoa como Parter presentaron en junio de 2019 una solicitud para las ayudas compensatorias relativas al año anterior. Tras ello, las dos partes se comprometieron a que si el Ministerio de Industria las concedía Alcoa reduciría el importe de financiación de la compra (Alcoa puso sobre la mesa una gran cantidad de dólares para que Parter se quedara con las fábricas). Si, por el contrario, la administración pública decidiera reclamar la devolución "de una parte o de la totalidad" de las ayudas, la multinacional era la que tenía que pagar una cantidad a los fondos retirados por el Estado. Y eso fue lo que sucedió.

El investigado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech fue quien terminó solicitando el reintegro del compromiso de Alcoa en su calidad de propietario de la fábrica (lo es del 74,67 por ciento después de protagonizar una operación comercial cuya legalidad está siendo investigada por la justicia). Lo hace a través de su despacho de abogados. Dice que precisa el dinero por la difícil situación que dice que mantiene con sus trabajadores y con las administraciones públicas.

Alcoa entonces responde que no va a pagar porque asegura que ha habido incumplimientos contractuales tanto por Parter como por Domenech, que se mueve societariamente por medio de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo. Entre estos incumplimientos, destacan los administradores concursales, está el haber adquirido la empresa por medio de una asistencia financiera (comprar algo con el dinero de ese algo que se quiere comprar).

Para que Alu Ibérica de Avilés cuente con dinero para hacer frente a los gastos generados día a día –pese a la ausencia de actividad– los 3,5 millones son oro.

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