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La Audiencia Nacional saca de la causa penal de Alu Ibérica a Alcoa y a su presidente

El permiso del Mercantil para que la multinacional financie los despidos de San Balandrán tiene que pasar por el Tribunal Supremo

Álvaro Dorado Baselga.

El Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional investiga a Víctor Rubén Domenech y a su socia, Alexandra Camacho, como presuntos responsables de la descapitalización fraudulenta de las fábricas de aluminio de San Balandrán, en Avilés, y de Agrela, en La Coruña. Y, hasta el pasado día 21, también investigaba a la empresa Alcoa Inespal, a Kai Rune Heggland, quien fuera vicepresidente de operaciones de aluminio de Alcoa en Europa hasta 2019, Álvaro Dorado Baselga, el presidente de Alcoa España, y a Christine Keener, en calidad de administradora de la compañía. Lo que ha hecho María Tardón ha sido dictar un auto de "sobreseimiento provisional parcial" en la causa abierta contra la multinacional norteamericana, sus directivos y exdirectivos, no para Domenech, Camacho, Diego Peris y Luis Losada, que mantienen su condición de investigados.

Esta decisión es fruto del acuerdo que alcanzaron esta pasada primavera los extrabajadores de Alu Ibérica –la empresa sucesora de Alcoa en San Balandrán–, los administradores concursales y la propia multinacional. A cambio de salir de la causa, la multinacional aceptaba activar las condiciones del plan social de 2019: si no vendía las fábricas a un grupo "serio y solvente" –y el que dirigen Domenech y Camacho, a juicio de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, no lo es– la plantilla iba a ser despedida con indemnizaciones de 60 días por año trabajado y, además, con una compensación económica accesoria de carácter lineal.

En paralelo a esto, los administradores concursales de Alu Ibérica tienen que presentar en pocos días ante el Tribunal Supremo el permiso que el juzgado de lo Mercantil de Oviedo que vigila el proceso de disolución de la empresa había otorgado a Alcoa para conceder un crédito de 8 millones a la actual propietaria de sus antiguas fábricas para financiar los despidos. Este permiso es firme el día 28 y posteriormente tiene que ser homologado por el alto tribunal.

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