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La confrontación por la renovación del Poder Judicial llega a La Granda: la culpa es del otro

López Aguilar (PSOE) acusa al PP de ver el CGPJ como una "finca particular", y Catalá (PP) a Sánchez por aliarse con la extrema izquierda

Por la izquierda, Jesús Chamorro, presidente del TSJA; Encarnación Vicente, viceconsejera de Justicia; Rafael Catalá; Benigno Pendás, presidente de los Cursos de La Granda; Juan Fernando López Aguilar; Andrés Ollero y Alberto Dorrego, director del curso dedicado a la Administración de Justicia. Mara Villamuza

La confrontación y el intenso debate entre el Gobierno socialista y el principal grupo de la oposición, el PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se trasladó ayer a los Cursos de La Granda, en la jornada dedicada a "Los retos de la justicia en España". Los protagonistas fueron dos exministros: Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Rafael Catalá (PP). Y cada uno echó la culpa al partido contrario.

López Aguilar acusó al PP de paralizar la renovación del máximo órgano de gobierno de la judicatura española porque actúa como si el CGPJ fuese una "finca particular" en lugar de una institución del Estado. Eso sí, dejó la puerta abierta a una reforma del sistema de elección, pero después de que se renueven los cargos.Y Catalá cargó contra al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por escoger como aliados "a la extrema izquierda, los independentistas y Bildu", negándose "sistemáticamente" a dialogar con el principal partido de la oposición. La participación de ambos exministros de Justicia en los Cursos de La Granda suscitó gran interés, precisamente por la confrontación que existe entre los partidos a los que representan.

El primero en intervenir fue López Aguilar, en la actualidad miembro del Parlamento Europeo, quien señaló que en los informes de la Unión Europea sobre la situación de la Justicia en España se señala "que existe un problema con el Consejo General del Poder Judicial, lo que supone un gravamen para la reputación judicial española", señaló. "Todo el mundo sabe que la responsabilidad exclusiva de la renovación es del PP, porque es el actor parlamentario requerido para la suma de las tres quintas partes de las dos cámaras", remarcó. Dicho esto, lamentó que, en contra de lo que se esperaba con "el movimiento de ficha palaciego" que colocó a Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del PP, "no hemos visto eso tan moderado que se decía, no lo hemos visto en el CGPJ".

También subrayó que en 2002, con el PP gobernando con mayoría absoluta, se pactó la participación de los jueces a través de avales y de asociaciones: "Ahora lo que piden es que los jueces eleven una lista de nombres sin listas ni controles".

Rafael Catalá, por su parte, acusó a Pedro Sánchez de la situación del CGPJ al preferir entenderse con partidos que "no creen en la Constitución, ni en el sistema institucional, ni en la unidad de España, ni en la independencia judicial". Y señaló que la iniciativa para llegar a acuerdos le corresponde al Presidente del Gobierno, "pero se ha negado sistemáticamente al diálogo con los líderes del PP; no recibía a Pablo Casado y no recibe a Núñez Feijóo", aseveró.

El que fuera ministro de Justicia con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno remarcó que el PP "dice lo mismo" que la Europa y las asociaciones de magistrados: hay que modificar el sistema de participación directa a los jueces en la elección de los 12 vocales que deben ser magistrados. "No parece tan descabellado, ¿verdad?".

En lo que sí coincidieron ambos exministros fue en defender la independencia de los jueces en la labor diaria de aplicación de la ley. Catalá llegó a decir que "son rabiosamente independientes".

Los indultos

Otro asunto de calado es el del posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE. El socialista López Aguilar incidió en la anomalía que supone conocer que el Tribunal Supremo "confirma la sentencia de la Audiencia Provincial sin que se dé a conocer los fundamentos jurídicos", y señaló que es la primera vez que ocurre y se debería explicar. Añadió que hay que conocer la sentencia para adoptar una decisión, pero que el indulto es una figura jurídica recogida en la Constitución.

Rafael Catalá matizó que hay "tradición de elementos reglados, como es la facultad a ejercer el indulto con mucha restricción y cumpliendo dos requisitos: el arrepentimiento y el resarcimiento pecuniario. "El Gobierno tiene la potestad, pero sometido a control jurisdiccional y político", señaló.

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