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La Fiscalía pide el sobreseimiento del "caso Baterías" contra Álvaro Álvarez

Los tres testigos citados para un careo mantuvieron sus versiones iniciales y el Ministerio Público no ve "indicios suficientes de criminalidad"

Álvaro Álvarez, en los juzgados de Avilés el pasado mayo. Mara Villamuza

La Fiscalía ha solicitado al juzgado que investiga el "caso Baterías", el de Instrucción número 6 de Avilés, el sobreseimiento provisional del procedimiento incoado contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez por un presunto delito de tráfico de influencias. El Ministerio Fiscal considera que, tras las diligencias de instrucción practicadas, no existen indicios suficientes de la comisión por parte del investigado de los hechos denunciados.

La Fiscalía había solicitado el pasado mayo la celebración de un careo entre tres testigos presenciales de los hechos que originaron la denuncia contra el exsecretario general del PSOE de Avilés para esclarecer contradicciones detectadas en sus respectivas declaraciones. Ese careo se celebró el pasado 18 de julio y los tres testigos mantuvieron sus versiones iniciales: uno de ellos afirmó que el investigado se ofreció a influir en el proceso de adjudicación del contrato de desmantelamiento de las baterías de coque a cambio de una contraprestación económica en una reunión celebrada el 31 de diciembre de 2020 en La Cantina de Avilés y los otros dos negaron este extremo y afirmaron que durante ese encuentro no se habló en ningún momento de dinero ni porcentajes, avalando la versión de Álvaro Álvarez.

El Ministerio Público considera que el resultado del careo impide conocer con una mínima certeza lo que realmente ocurrió en aquella reunión y, además, que tras las pruebas practicadas desde el inicio del procedimiento no hay indicios suficientes de criminalidad respecto del investigado.

Álvaro Álvarez viene negando desde el primer momento los hechos por los que ha sido investigado. "Resulta muy poco sólido y nada creíble atribuirme una capacidad de influencia de que la carezco por completo en un procedimiento de contratación que corresponde exclusivamente a una empresa de la administración general del Estado. En este momento me encuentro jubilado y no ejerzo ningún papel ni representación institucional, y estoy fuera de cualquier ámbito de decisión, tras una conocida e intachable trayectoria como representante público. Estoy a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier supuesto y contribuir a que se resuelva este proceso cuanto antes", apuntó el exviceconsejero de Administraciones Públicas del Principado en el comunicado que remitió cuando se hizo pública la denuncia contra él.

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