Superada una nueva estación del viacrucis de los antiguos trabajadores de las fábricas de aluminio de Alcoa –medio millar de personas entre las plantas de Avilés y La Coruña– para cobrar las indemnizaciones pactadas con la multinacional a cambio de desvincularse de la misma y liberarla de toda responsabilidad penal en la venta frustrada a Parter Capital (que la rebautizó como Alu Ibérica y la revendió a Grupo Industrial Riesgo). Los representantes de las federaciones sindicales que tenían presencia en los comités de empresa y los de la propia Alcoa en España ratificaron ayer en la Sala Social del Tribunal Supremo el acuerdo suscrito por ambas partes el pasado mes de abril y que desde entonces quema etapas para adquirir firmeza ejecutoria. Ahora esa ratificación debe ser validada por un juez, lo que no debiera tardar muchos días en ocurrir si todo transcurre por la senda de lo previsto.
Lo previsto era, ciertamente, que los sindicatos y Alcoa ratificasen ayer, como hicieron, su acuerdo. Pero lo que no estaba en el guion es que el grupo de quince exempleados de Alcoa que quedaron descolgados del procedimiento presentase un escrito en la misma instancia judicial donde se produjo la ratificación del acuerdo solicitando que el mismo no se homologue; es decir, que el juez no lo dé de paso.
La razón que aduce este colectivo para oponerse al pago de las indemnizaciones pactadas con Alcoa es que los quince trabajadores en cuestión deberían formar parte del acuerdo indemnizatorio, tema controvertido y que se presta a todo tipo de interpretaciones. Si bien tanto en medios sindicales como en el ámbito de la administración concursal de Alu Ibérica son proclives a creer que la petición de los quince extrabajadores es extemporánea, no es menos cierto que la certeza jurídica no se tendrá hasta ver la firma del juez estampada en el acuerdo. Y es que habrá de ser el magistrado quien, en justicia, decante la balanza en un sentido o en otro.
La fortaleza de los quince "descolgados" de los acuerdos con Alcoa radica en que si bien la Justicia desoyó en primera instancia su petición de ser parte en la causa (en el entendido de que se habían desvinculado laboralmente de la empresa), un posterior recurso tuvo éxito y acabaron viendo reconocido ese derecho. Ahora lo ejercitan a máximos y aspiran a cobrar la indemnización como si hubieran sido trabajadores en activo en el momento de pactarse la misma.
El acuerdo de los extrabajadores de Alu Ibérica, sus representantes sindicales, las dos administraciones concursales de las fábricas propiedad del investigado David Domenech (Avilés y La Coruña) y la multinacional Alcoa se suscribió el pasado mes de abril en parecidos términos al que ofertó Alcoa en 2019, cuando ofertó un plan social para hacer un despido colectivo, y su base es un documento transaccional que, para ser efectivo, tiene que homologar la sala de lo social del Tribunal Supremo.
Para llegar al alto tribunal el acuerdo tuvo que salvar la aprobación del expediente de regulación de empleo (ERE) de las dos fábricas por parte de las autoridades laborales de Galicia y del Principado. Y, luego, que los juzgados de lo mercantil (de La Coruña y de Oviedo) que vigilan las dos fábricas lo aprobasen definitivamente.
Será ahora el Supremo el que dé luz verde definitiva para que los trabajadores despedidos de las fábricas de aluminio cobren el dinero que les corresponde: 60 días de salario por año trabajado (sin límite a los mismos) y 10.000 euros para todos los afectados de manera lineal. Por su parte, lo que busca Alcoa es salir libre de polvo y paja de la crisis del aluminio que la propia multinacional encendió cuando en el otoño de 2018 comunicó a sus trabajadores la necesidad de cerrar sus fábricas.
