La Fiscalía en Asturias está "muy vigilante" con las mujeres y los menores que llegan huyendo de la guerra en Ucrania para evitar que se conviertan en víctimas de la trata de personas, según explicó ayer Inmaculada Rodríguez Montequín, fiscal delegada de Extranjería y también de Menores en el Principado, durante su ponencia en Avilés en el Día internacional contra la explotación sexual. Entre las claves que expuso, aprovechó para reclamar "sensibilidad" y pedir a la ciudadanía que dé aviso de cualquier sospecha que indique que en un piso puede haber mujeres víctimas de la explotación sexual. "Siempre salen en grupo, y hay una persona que se encarga de que no hablen con nadie. Lo tenemos al lado, y es muy fácil detectar lo. Asturias también es lugar de paso, de tránsito, de tráfico", remarcó.
Inmaculada Rodríguez Montequín ofreció ayer una conferencia en el palacio de Valdecarzana con el título "Introducción al delito de trata de seres humanos, en especial la trata con fines de explotación sexual". Como introducción, definió la trata de seres humanos como "la cosificación de la persona, convirtiéndola en mercancía, una violación flagrante de los derechos humanos". La fiscal delegada de Extranjería aseguró que "hay oferta porque hay demanda", y que es la segunda actividad delictiva que más beneficios económicos reporta a quienes la cometen, solo superada por el tráfico de drogas. Se trata de grupos bien organizados y con una alta especialización. "Lo que obtienen son beneficios, no pagan impuestos, ni salarios, ni seguros... Así que contratan especialistas en ingeniería económica y financiera, juristas... todos los especialistas que les permitan eludir la justicia y blanquear el dinero que obtienen", señaló. En conclusión, son delincuentes "listos, organizados y con mucho dinero", que crean sociedades interpuestas e incluso no tienen nada a su nombre para que no se les puedan embargar sus bienes. "Las investigaciones y los procesos judiciales son muy complejos y muy largos".
Las mujeres y menores que llegan a Asturias para ser explotadas sexualmente –no se sabe cuántas hay– proceden en su mayoría de países del Este de Europa, fundamentalmente Rumanía, y también de Tailandia. "Sus países de origen viven situaciones de economía precaria, con carencias de educación y de oportunidades", explicó la fiscal.
Esta situación se ve agravada cuando existe un conflicto bélico, como es la actual guerra en Ucrania. "Estamos muy vigilantes con las mujeres y menores que llegan de ese país. Normalmente los menores llegan acompañados de sus madres o de sus abuelas, pero cuando vienen con otras personas que dicen ser familiares, o amigos o vecinos... Trabajamos estrechamente con las fuerzas de seguridad y con Servicios Sociales, para evitar que se puedan producir situaciones de trata de personas", señaló Rodríguez Montequín.
La situación económica es tan extrema en los países de origen que ahora son incluso las propias familias, amigos y vecinos, quienes engañan a estas mujeres para que viajen a un país europeo supuestamente a trabajar. También está el "lover boy", ese joven que las enamora, se convierte supuestamente en su novio, las convence para viajar y en realidad es un miembro de la organización criminal, el captador, en la jerga. Una vez que están bajo su control, les quitan el pasaporte y les comunican que han contraído una deuda que se mueve entre los 18.000 y los 20.000 euros, así que deben trabajar varios años gratis hasta que devuelvan ese dinero. A partir de ahí, esas mujeres viven en la amenaza permanente, tanto sobre su propia vida como la de sus familias, especialmente si tienen hijos. Además de la detención ilegal, la extorsión y la incomunicación, sufren continuas palizas, violaciones, y jornadas laborales de 12 y hasta 14 horas en las que se las obliga a mantener entre 10 y 12 relaciones sexuales diarias, siete días a la semana. "Como no hay cuerpo ni mente que lo pueda soportar, las enganchan también a las drogas. Es muy difícil imaginar el sufrimiento de estas personas, físico y psicológico", señaló la fiscal especial.
Las penas de prisión oscilan entre los 5 y los 16 años. Lo difícil es lograr las pruebas suficientes.
