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La administración concursal quiere pactar con el Puerto de Avilés la venta del suelo de Alcoa

Los administradores ya admiten la presentación de ofertas, sujetas a «ajustes» con el plan definitivo de liquidación, aún pendiente del juzgado

Instalaciones de Alu Ibérica, antigua Alcoa, con el muelle en el puerto de Avilés al fondo. | Lne

La administración concursal encargada de la venta de los terrenos de Alu Ibérica, antigua Alcoa, apuesta por alcanzar un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Avilés que facilite la operación, al ser propietaria de parte de los suelos. De no lograrlo, y si se enquista la operación, la única salida factible sería «desmontar, trocear y vender troceado», una solución que nadie desea, ya que dificultaría la implantación de un inversor industrial.

Otra opción sería que el Puerto adquiriese, a modo de expropiación el resto de terrenos, situación harto improbable.

Los suelos de la antigua Alcoa forman parte del plan de expansión del Puerto de Avilés. Son 146.734 metros cuadrados donde se levantan las líneas de electrolisis números 2 y 3, la nave de fundición y el almacén de brea. Pero lo más interesante es que ese enorme espacio cuenta con un muelle propio para carga y descarga. La concesión de estos terrenos finaliza en 2027, aunque el Puerto ya inició el año pasado los trámites para el desahucio y la extinción del contrato.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, ya advirtió en repetidas ocasiones de que «ningún proyecto industrial será posible» en esos terrenos sin el beneplácito del consejo de la Autoridad Portuaria.

Y es que, admite la administración concursal, ningún inversor estaría dispuesto a depositar los millones de euros en los que se plantea la adquisición, a los que habría que sumar la inversión industrial, sin tener garantizada la renovación de la concesión de dichos terrenos dentro de solo cinco años.

El principal interés de la administración concursal, por obligación legal, es vender esos terrenos por el mayor importe posible –en principio, 40 millones de euros según el plan de liquidación– para pagar las deudas acumuladas por Alu Ibérica durante el tiempo en que la compañía estuvo dirigida por sus propietarios –los investigados por la Audiencia Nacional David Domenech, que también responde como Víctor Rubén Domenech, y su socia Alexandra Camacho–. Sin embargo, también indicó la administración concursal que «por responsabilidad social, se intentará apostar por el inversor con el proyecto más interesante en lo que respecta a la creación de empleo y de riqueza».

Las mismas fuentes indicaron que «la clave está en saber si todos los intervinientes apostamos por un proyecto interesante. Si es así, está claro que se deberá dar la conformidad tanto de la administración concursal como del Puerto».

El plan de liquidación de la administración concursal, pendiente del visto bueno del Juzgado de lo Mercantil 1 de Oviedo, dedica un párrafo a este asunto. En él indica que «en el supuesto de que existieran ofertas de adquisición en globo (del conjunto), que resultasen equiparables en términos económicos, se dará prioridad a la que presente un mejor plan y compromiso de creación de puestos de trabajo y/o de recolocación de los antiguos trabajadores de la concursada».

Y añade que, «en tal sentido, la administración concursal podrá priorizar una oferta inferior a un máximo de un 10% a otra de mayor importe, si a su juicio garantiza más satisfactoriamente la creación o recuperación de empleo».

En este sentido, desde la administración concursal se pone sobre la mesa un «plan de liquidación flexible», que favorezca la adopción de las decisiones.

De momento no se ha formalizado ninguna oferta. Solamente hay declaraciones de interés mostradas por parte de algunas compañías. Las conocidas hasta ahora son Ignis, Trafigura y la multinacional avilesina Windar Renovables.

Las mismas fuentes indicaron que la administración concursal ya admitiría la presentación de proyectos y propuestas, «atemperada al plan de liquidación».

Dicho de otro modo, que las empresas que han mostrado interés por hacerse con los antiguos terrenos de Alcoa ya pueden presentar sus proyectos, en los que podrán realizar «ajustes» si fuera necesario en el caso de que el juez encargado de firmar el plan de liquidación introdujese alguna modificación.

¿Y qué pasaría en el caso de que la administración concursal mostrara su preferencia por una propuesta industrial y la Autoridad Portuaria por otra? «La solución la marca la propia legislación», señalaron las mismas fuentes. «Habría que ir a una nueva fase del procedimiento, que supondría desmontar y trocear para venderlo todo. No es lo deseable para ninguno de los intervinientes, pero no quedaría otra opción».

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