El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, comienza a ver la luz al final del túnel después de dos mandatos con dificultades económicas en su concejo. En mayo de 2023 habrá nuevas elecciones municipales y ese será el mes en el que el Ayuntamiento pague la última de las facturas correspondientes a la deuda bancaria que el gobierno socialista heredó de su antecesor, el PP. Suárez defiende entonces que el próximo mandato "será el de las inversiones" después de años apretándose el cinturón para cuadrar las cuentas y con el mazazo del cierre de Alu Ibérica de por medio. A falta de nuevas propuestas, los socialistas ya piensan en que el próximo mandato serán construidos el segundo pabellón deportivo de Balbín, que vendrá a completar el entorno y la apertura del nuevo centro cultural y cine, el Teatro Carmen.
Pese a los esfuerzos económicos de los últimos siete años, el Ayuntamiento aún tendrá que abonar dos créditos, uno de unos dos millones de euros relativos a la expropiación de los terrenos para la construcción de las instalaciones de Balbín y otros tres, "que están sin tocar" para la futura construcción de un pabellón polideportivo en la zona deportiva de la entrada de Luanco. En total, a partir de mayo Gozón mantendrá cinco millones de euros pendientes de pago.
Jorge Suárez defiende que de esos diez millones de euros "que dejó el PP como deuda bancaria", 7,1 estaban relacionados con el pago a proveedores, es decir, "se correspondían con impagos de gasto corriente de deudas mantenidas con la recogida de basuras, con Hidroeléctrica, con farmacias,...". Esa situación provocó que el Ayuntamiento, con Jorge Suárez a la cabeza, tuviera que emplearse a fondo y amortizar ese montante un año después de alzarse con el bastón de mando en las municipales, de 2016. "Cada año teníamos que pagar 1,1 millones de euros para abonar solo la deuda con los proveedores", destacó el aspirante a revalidar la Alcaldía de Gozón en los próximos comicios del próximo mes de mayo.
En otro orden de cosas, la remunicipalización del servicio de aguas en 2016 llevada a cabo por el Ayuntamiento de Gozón trajo consigo una demanda presentada por la empresa Asturagua y una reclamación de 3,7 millones de euros al Consistorio. Esta cuestión depende en última instancia de los juzgados y se dilata en el tiempo por su posible vinculación con el "caso Pokemon". En cualquier caso, el objetivo final de ese proceso es dirimir a cuánto asciende la cantidad que debe aportar el Ayuntamiento a la firma en concepto de deuda contraída desde 2005, cuando fue privatizado el servicio, hasta su vuelta a manos públicas en 2016. El Ayuntamiento sostiene que no le debe nada a la firma. Es más, ésta le debería abonar 40.000 euros tras la realización de una auditoría externa que analizó el cumplimiento del contrato.
