La jueza María Tardón reclama 75 millones de euros de fianza a los directivos de Alu Ibérica

Los investigados por descapitalización fraudulenta de las fábricas de Avilés y Coruña deberán responder con su patrimonio si incumplen sus obligaciones con los acreedores

Instalaciones de Alu Ibérica en San Balandrán.

Instalaciones de Alu Ibérica en San Balandrán. / M. Villamuza

F. L. J. / C. J.

La titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la descapitalización fraudulenta de las fábricas de aluminio de San Balandrán, en Avilés, y de Agrela, en La Coruña, reclama una fianza de 75 millones de euros a los directivos de las plantas de aluminio, Víctor Domenech, presidente de Riesgo; su socia Alexandra Camacho; Diego Peris, administrador único del grupo y Luis Losada Gómez, su homólogo en System Capital, que es era sociedad administradora de Alu Ibérica.

El auto de la magistrada responde, precisamente, a la reclamación de uno de los acreedores de Alu Ibérica, la empresa Aluminios Antequera, que inicialmente solicitó el "embargo preventivo solidario" a los encausados por una suma total de 200 millones de euros.

Compraventa

La juez titular que investiga la compra de las dos fábricas situadas en La Coruña y Avilés vendidas por la multinacional de aluminio Alcoa Inespal al fondo de inversión suizo Parter Capital y luego al Grupo Industrial Riesgo, beneficiándose de subvenciones sin ejecutar el plan industrial, entiende que esa reclamación de Aluminios Antequera no precisa ni concreta "mínimamente" en qué sustenta su petición, sin que ello pueda dejar de tenerse presente y, añade, "conforme a la ya abundante documentación incorporada a la causa", la suma por la que el reclamante podría resultar perjudicada ascendería, no a los 200 millones, sino a 104.472 euros.

No obstante, abunda María Tardón, a la vista de que existen "indicios claros de responsabilidad" de los querellados Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho Carrascal, Luis Losada Gómez y Diego Peris Sirvent.

La compraventa de las alumineras de La Coruña y Avilés acordada por Parter Capital y el Grupo Industrial Riesgo –con Domenech y Camacho como principales responsables de la compañía– reúne, según detalló el Ministerio Fiscal en su momento, "todos los elementos para poder ser tipificada como un delito de apropiación indebida o administración desleal", ya que se han detectado "posteriores operaciones de descapitalización de las empresas titulares de las plantas [...] llevadas a cabo por los investigados vinculados al Grupo Industrial Riesgo, que merecen la misma calificación delictiva".

Responsabilidades

Ahora, la jueza Tardón insiste en esa misma tipificación de delitos y para asegurar el pago de las responsabilidades de los señalados les apercibe para que, en el caso de no realizar el pago de los 75 millones de fianza que se les imponen, proceder al embargo de sus bienes. La magistrada recalca que se ha envidenciado por parte de los investigados "diversos tipos de actuaciones irregulares y de maniobras engañosas", desde que adquirieron la mayoría del capital social y asumieron el control de hecho de las plantas aluminio, fruto de las cuales lograron "apropiarse" [de las fábricas] y "consumar el desplazamiento patrimonial que culminó en su efectiva despatrimonialización".

En este último auto, la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional también advierte del "vaciamiento patrimonial" de las sociedades "pantalla" de las que se valió Riesgo para llevar adelante sus planes, de las "irregularidades" producidas en el proceso de compraventa de las alumineras así como del "uso fraudulento" de los 13 millones de euros procedentes del patrimonio de las sociedades Alu Ibérica LC SL y Alu Ibérica AVL SL para adquirir la mayor parte de las participaciones de las sociedades titulares de las fábricas de aluminio de San Balandrán (Avilés) y Agrela (La Coruña.

Derechos de emisiones

Como ha venido informado este diario, a los dueños de Alu Ibérica se les atribuyen determinadas operaciones "que evidencian una actuación destinada a la liquidación apresurada o ruinosa de bienes y derechos, constituida esencialmente, por la venta de derechos de CO2, y material depositado en sus factorías por los clientes de la maquila (la entrega de materia prima para su transformación y entrega al nuevo cliente cobrando el servicio prestado)".

A tenor de todos estos indicios, la magistrada María Tardón impone la adopción, como medida cautelar, de la citada fianza de 75 millones de euros a los cuatro investigados para el aseguramiento de sus responsabilidades, con carácter solidario, debiendo proceder al embargo de bienes suficientes para cubrir ese importe si no llegaran a completar tal desembolso.

Para ello, la juez ordena una investigación patrimonial completa tanto de Víctor Rubén Domenech como de su socia Alexandra Camacho y de sus colaboradores en el negocio del aluminio Luis Losada y Diego Peris.

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