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Alu Ibérica pide al Puerto tiempo para "un proyecto industrial generador de riqueza y empleo"

Los administradores concursales justifican la petición de prórroga para evitar "la posible huida de interesados"

Instalaciones de Alu Ibérica, en San Balandrán, al fondo, los muelles del Puerto de Avilés. Mara Villamuza

Los administradores concursales de la empresa Alu Ibérica Avl, en liquidación, han solicitado a la Autoridad Portuaria tiempo para poder desarrollar la tarea para la que han sido nombrados: liquidar la compañía. "La justificación de contar con un plazo lo más amplio posible (...) radica en la finalidad de conseguir que, finalmente, sea desarrollado un proyecto industrial generador de riqueza y empleo en las instalaciones de la concursada, con inclusión de los terrenos concesionales".

Los administradores concursales son los despachos de Miguel Gómez Gordillo y el bufete ovetense GdP Legal. Los dos consideran que la prórroga debería ser actividada dada "la complejidad de la confección de las ofertas para cualquier interesado, dados la composición de los activos y los elevados importes previstos para su adquisición y las ulteriores inversiones": Además, subrayan, "la necesidad de que el eventual adquirente solicite y obtenga una nueva concesión sobre los terrenos de la Autoridad Portuaria y la posible huida de interesados y frustración de las ofertas y proyectos si los tiempos fueran excesivamente apremiantes". Es decir, consideran que la anulación de la concesión de suelo de interés público acordada por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés podría convertirse en un bache en la liquidación final de una compañía actualmente sin actividad, sin trabajadores y sin más actividad que la venta de antiguos activos productivos.

El Puerto de Avilés propuso este pasado verano declarar la extinción de la concesión con efectos de 2 de marzo de 2022 (fecha de apertura de la fase de liquidación de la sociedad concursada y consiguientemente fecha de efectos de su disolución). Dada la peculiaridad de la fase de liquidación, y a fin de facilitar el avance del concurso, se da un plazo de 6 meses (prorrogables) para la retirada y levantamiento de los activos que se encuentran sobre suelo de dominio público portuario, explican desde la Autoridad Portuaria de Avilés.

Los administradores por eso solicitaron "en tiempo y forma" que ese período inicial se prorrogue con el fin de facilitar la venta del conjunto o, en su caso, el achatarramiento de las instalaciones.

La Autoridad Portuaria concedió a la Empresa Nacional de Aluminio (Endasa) la concesión de 146.734 metros cuadrados en 1960. Esta superficie la fueron explotando las empresas sucesoras de Endasa –Inespal, Alcoa Inespal y Alu Ibérica–. Sin embargo, cuando el imputado por la Audiencia Nacional, David Domenech, llegó a la dirección de la compañía la acumulación de impagos de los respectivos cánones llevaron al Puerto a extinguir la concesión.

El acuerdo del Supremo: "lo firmaron todos los afectados", dice Alcoa

"No tenemos confirmación de la impugnación del acuerdo; lo que pretendería es la anulación de dicho acuerdo que firmaron la totalidad de los antiguos trabajadores afectados de las plantas de Avilés y La Coruña, por el que dichos trabajadores recibirían las compensaciones económicas estipuladas". De esta manera se manifestó una portavoz de la multinacional Alcoa, propietaria hasta julio de 2019 de las fábricas de San Balandrán y Agrela.

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