Los extrabajadores de Alu Ibérica denunciarán al Fogasa para poder cobrar

Los extrabajadores de Alu Ibérica (la antigua Alcoa) van a demandar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) porque, según José Manuel Gómez de la Uz, el último presidente del comité de empresa de la fábrica de aluminio avilesina, el organismo estatal "nos tiene con una mano delante y otra detrás". Y eso es así porque ha empezado a denegar las peticiones de pago de las indemnizaciones correspondientes por extinción de los contratos en una empresa que está en período de liquidación. Lo hace porque, como asegura en sus comunicaciones, le consta que existe un acuerdo "ratificado y homologado entre el trabajador peticionario y Alcoa Inespal que mejora los límites de pago del propio Fogasa". Es decir, que como los trabajadores pactaron mejoras en sus indemnizaciones, el Fogasa no puede pagarles de segundas.

Sin embargo, la realidad no es tan sencilla como la que documenta el Fondo de Garantía Salarial. El acuerdo del que habla sí que existe. Cobró carta de naturaleza por fases y a lo largo de varios meses, como una carrera de obstáculos. Estaba sujeto a una decena de anexos y a un documento transaccional que, para ser efectivo, tenía que homologar la sala de lo social del Tribunal Supremo –donde está ahora la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en la primavera de 2021 a la multinacional a pagar el plan social a sus extrabajadores por no haber vendido a un grupo solvente sus fábricas en la operación de julio de 2019–. Y ahí, efectivamente, el documento cobró forma.

Sucede, sin embargo, que 14 extrabajadores de Alu Ibérica excluidos por la multinacional Alcoa del acuerdo –porque dejaron la empresa por haber pedido la cuenta, por jubilación o por excedencia– han parado el acuerdo de sus compañeros. Estos 14 se basan en la circunstancia de que la sentencia de la primavera de 2021 ordena devolver los pasos a enero de 2019, cuando empezó el proceso de venta de las fábricas (y ahí sí que estaban).

O sea que sí, que hay acuerdo, pero es papel mojado de momento. Alcoa no ha iniciado los pagos que le corresponde hacer (la multinacional y cuatro de sus jefes han vuelto a la lista de investigados en la causa penal) a pesar de que los trabajadores, las federaciones sindicales, la fiscalía y el abogado del Estado cumplieron su parte del acuerdo y no se negaron a que fueran retirados de la lista.

Al despacho coruñés que defiende a los 14 excluidos le corresponde decir por qué Alcoa y los jefes tienen que estar imputados si las demás partes defienden lo contrario. La vuelta a la casilla de salida de los directivos de la multinacional es interpretada en medios sindicales como "una excusa para demorar el pago de lo que debe". Y es que, dicen en estos mismos medios, los trabajadores cumplieron con su parte (aceptar sus despidos de manera unánime) y también las federaciones que lo representan (retirar las demandas). En todo caso, entre pitos y flautas en unos días se cumplirán nueve meses desde la extinción de los contratos de 230 personas que trabajaron durante años en una fábrica que ha ido desapareciendo poco a poco desde que en enero de 2019 se inició su proceso de venta y hasta el momento presente.

El Fondo de Garantía Salarial es un organismo que preside Juan Pérez Rey, que es el Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, el segundo de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

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