"El Principado contrata la seguridad de sus edificios haciendo trampas a la ley", censuran los representantes sindicales del colectivo de vigilantes privados, hartos de que el Gobierno regional "precarice" su sector adjudicando los contratos de servicio con el único interés de "ahorrarse dinero". Miembros de los tres sindicatos que reivindican más "celo público" en la contratación de la seguridad de los edificios públicos (CC OO, UGT y USO) recogieron firmas ayer para forzar al Ejecutivo a tener en cuenta, "como establece la ley", los criterios técnicos en el momento de puntuar a las empresas que optan a los contratos de seguridad. En este caso está, por ejemplo, el Hospital San Agustín.