Las denuncias por violencia machista aumentan, y las mujeres con vigilancia policial, también. Un total de 140 viven en Avilés con seguimiento de agentes de las policías Nacional o Local para su protección. Son 22 más que hace cuatro meses. De ese total, 130 víctimas cuentan con una orden o medidas de protección por orden judicial. También son 22 más que hace un año. Las demás carecen de dicha orden porque están a la espera de sentencia o han finalizado recientemente esa medida, aunque se mantiene la vigilancia policial.
De las víctimas de violencia machista que tienen que vivir con protección policial, hay una mujer en riesgo extremo, 2 en riesgo alto, 11 tienen riesgo medio y en el resto, es bajo o no apreciado. De las 140 víctimas, 123 son españolas y 17 extranjeras.
Estas son las grandes cifras que se trataron ayer en la reunión de la comisión técnica para la coordinación de actuaciones y el seguimiento de la violencia de género en Avilés. Presidida por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, participaron representantes de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Delegación del Gobierno, la asesoría jurídica del Centro Asesor de la Mujer, del equipo de atención psicosocial a la Mujer, y de Servicios Sociales.
En el transcurso de la convocatoria se trataron la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para atender las órdenes de protección y medidas de alejamiento, así como del programa de teleasistencia.
La protección de las mujeres víctimas de violencia machista es fundamental, y más tras el repunte de feminicidios registrado durante el pasado mes de diciembre y enero.
Precisamente el pasado diciembre se halló el cuerpo sin vida en el barrio avilesino de La Carriona de Soraya Suárez Marín, de 32 años. Estaba con protección policial por dos exparejas. Se detuvo a su actual pareja, que ingresó en prisión como presunto autor de un delito de homicidio, pero ella no había interpuesto denuncia alguna contra él y todavía se está investigando si fue un crimen machista, según confirmaron las fuentes consultadas. En aquel momento, la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género había dictaminado que la muerte había sido consecuencia de un "asesinato machista".
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, reunido de urgencia y de forma extraordinaria el pasado día 23, acordó la especialización de los juzgados de lo Penal y ampliar la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. También se impulsará, entre otras medidas, la creación de unidades de valoración forense en todo el territorio, así como de oficinas de atención a las víctimas. Y se promoverá el impulso de dispositivos telemáticos de control de agresores, las pulseras Cometa, cuya implantación solicitarán tanto la Fiscalía como los cuerpos policiales en todos los casos que sean considerados de "especial relevancia".
Uno de los servicios de teleasistencia que se utiliza en Asturias, gestionado por Cruz Roja, es el sistema ATTEMPRO, que la víctima activa si se siente en peligro y se la puede geolocalizar para acudir en su ayuda.
