Los representantes legales de los administradores concursales de las dos fábricas de Alu Ibérica (Avilés y La Coruña) tienen una cita con los de la multinacional Traxys en la ciudad de Luxemburgo este próximo miércoles. Será en el Tribunal de Comercio de la capital europea. Lo que se dirime es si la compañía sucesora de Alcoa –que actualmente está en proceso de disolución y con toda su plantilla despedida desde hace diez meses y medio– incumplió o no un contrato firmado con la proveedora internacional de chatarra. De terminar siendo culpables, el agujero económico generado durante el tiempo en que la planta estuvo dirigida por los investigados por la Audiencia Nacional David Domenech –por otro nombre, Víctor Rubén Domenech– y Alexandra Camacho, se vería casi doblado.
Traxys reclama 30 millones de euros a Alu Ibérica, pero los administradores basarán su defensa en la petición de la retirada de la demanda al considerar que la reclamación no se ajusta a la realidad. De manera subsidiaria, es decir, si el juez luxemburgués no acuerda terminar el pleito en la misma vista prevista para este miércoles, los abogados de los administradores de Alu Ibérica –los despachos de Miguel Gómez Gordillo y de Gdp Legal– van a reclamar dos peritajes independientes para valorar si es cierto que se produjeron daños y perjuicios al término de la relación comercial de Traxys y Alu Ibérica –en la época que estaba bajo el amparo de Domenech y Camacho– y qué cuantía tienen.
La vista de la semana que viene en la capital luxemburguesa es crucial para el futuro del proceso de disolución y venta de Alu Ibérica. Y lo es porque las cinco compañías que se interesaron por las instalaciones fabriles avilesinas todavía no han presentado ofertas contantes y sonantes. Ignis, una de ellas, manifestó hace pocas fechas su deseo de ofertar por 50.000 metros cuadrados de la planta de La Coruña –no lo ha hecho a fecha de ayer todavía–.
Domenech presentó su acuerdo con Traxys en julio de 2020 (al poco de hacerse con la mayoría accionarial de la aluminera, cosa que sucedió en abril de ese mismo año). Dijo entonces, por medio de una nota oficial, que había "seleccionado" a la empresa luxemburguesa "para reforzar su estrategia y estructura comercial". Y añadió a esto, a continuación, que "con la incorporación de Traxys Group en el área comercial y de ventas, las plantas de Alu Ibérica de La Coruña y Avilés podrán maximizar sus capacidades productivas y de ventas significativamente, ser mas eficientes y favorecer el desarrollo de mercado internacional". Pero nada más lejos.
En este sentido, cabe señalar que la defensa en la causa mercantil de David Domenech y de su presunto testaferro, Luis Losada, ha presentado su renuncia con lo que deben nombrar nuevos abogados o esperar los de oficio.
Nuevo cierre de Alcoa
Por otra parte, la multinacional Alcoa anunció este pasado jueves que cierra su fundición de aluminio del estado norteamericano de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Se trata, en todo caso, de una fábrica que había estado "completamente inactiva desde 2020", según se lee en su nota oficial.
"El sitio de fundición de Intalco funcionó durante casi 55 años, y hemos dedicado mucho tiempo a evaluar opciones para el activo, incluida una posible venta", explicó el presidente y director ejecutivo de Alcoa, Roy Harvey.
Los sindicatos acusan a Francisco Blanco: "Hace dos meses pedimos una reunión y ni contesta"
La actitud "descortés" de Francisco Blanco, el nuevo Secretario General de Industria, enfada a las principales federaciones sindicales con representación en el antiguo comité de empresa de Alu Ibérica. Juan Antonio González, de la Confederación de Cuadros y Profesionales, recordó que "hace dos meses" los representantes de todos los sindicatos pidieron una reunión con Blanco para explicarle la situación que están viviendo los más de trescientos trabajadores de las fábricas alumineras de Avilés y La Coruña. "Le mandamos una carta y ni contesta", se indignó.
Los trabajadores llevan diez meses y medio sin cobrar sus indemnizaciones por despido. Han pedido que sea el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el que abone "lo que les corresponde", pero el Ministerio de Trabajo –del que depende el Fogasa– se niega porque dice que hay un acuerdo de los despedidos con Alcoa, un acuerdo que no se materializa porque un grupo de excluidos de ese acuerdo quiere sumarse a él. Daniel Cuartas, de UGT, de hecho, señala al departamento de Yolanda Díaz, como también culpable de su mala situación. "No podemos esperar más", subrayó Damián Manzano, de CC OO.
